La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió una recomendación ante el registro y denuncia de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometidos por alumnas del Comité Estudiantil de la Normal de Amilcingo.
El organismo advierte que en torno a estos hechos, existe tolerancia por parte de los directivos de la institución y del IEBEM.
En un comunicado de prensa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos informó que notificó la recomendación con solicitud número CDHM/SE/VRO/061/060/2019 y sus acumuladas, por los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por alumnas del denominado Comité Ejecutivo Estudiantil “Vinh Flores Laureano”.
“Algunas alumnas de nuevo ingreso para los años escolares 2019, 2022 y 2023, describieron coincidentemente actos de tortura practicados por integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil al interior del plantel durante la realización de lo que llaman “curso de inducción”, lo cual fue corroborado con la conducta administrativa de las propias autoridades de la Normal de Amilcingo, al informar que dieron de baja temporal a tres alumnas de dicho Comité con motivo de esta situación; por lo que dichas autoridades y del IEBEM tuvieron conocimiento de los hechos, siendo importante destacar que en los casos de tortura la carga de la prueba para desvirtuarla recae en las autoridades y en el caso no lo hicieron, fueron tolerantes, omisas e incluso no aceptaron todas las medidas precautorias determinadas en su momento por esta Comisión, consistentes en brindar protección, vigilancia y seguridad a las alumnas, iniciar la investigación de manera oportuna sobre la actuación de las integrantes del Comité, así como de las personas servidoras públicas involucradas, entre otras”, se lee en el documento.
Entre las recomendaciones emitidas, está el instalar cámaras de videovigilancia, rondines y dotar de alumbrado al interior y en el entorno de la Escuela, especialmente cuando se llevan a cabo los “cursos de inducción” y ofrecer una disculpa personal y/o pública a las víctimas e iniciar investigaciones administrativas contra las personas servidoras públicas responsables.
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