La actual Legislatura del Congreso de Morelos demuestra una vez más su vileza, por su entrega a intereses contrarios a los de la mayoría de la población, al llevar a cabo la designación de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), bajo la sospecha que los nombramientos significan conflicto de intereses, intromisión de personajes acusados de la comisión de actos delictivos y corrupción, y porque políticamente devuelven poder a grupos de presión nocivos tras su paso anterior en el gobierno de la entidad.
Un grupo de 15 diputadas y diputados (conocidos como G15), se han encargado en esta Legislatura de anteponer los intereses de sus respectivas facciones políticas, por encima de su encargo Constitucional de aprobar y expedir leyes, decretos y acuerdos conciliando los legítimos intereses de la sociedad.
Han omitido ocuparse de la problemática económica y social morelense, en cambio optaron por la rivalidad primero contra el gobierno estatal y en la recta final de su periodo legislativo entran en una actitud de desafío ahora con el gobierno federal. El G15 se desenvuelve con la premisa de dinamitar al Poder Ejecutivo en turno, orientan su propósito por un sendero distinto a las necesidades económicas y sociales de la población. Pasan por alto que tras el paso de la pandemia por Covid-19, nuestra entidad requiere programas y recursos específicos para producción de alimentos, fomento de inversiones productivas y generar empleos, desarrollo regional, atención a grupos vulnerables, entre otros.
Sus resultados como Legislatura hasta ahora son deficitarios en la economía y bienestar de la mayoría de la población de Morelos.
Desde el inicio de su periodo legislativo se autoasignaron más de 420 millones de pesos anuales, sin transparentar ante la sociedad el destino de esos recursos; recientemente aprobaron una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal (FGE), para que el fiscal no pierda fuero por delitos que se le imputan en un feminicidio y por el delito de tortura, aprobación que protege al fiscal y que fue denunciada por la Fiscalía de la CDMX, así como por la prensa nacional.
En días pasado el G15 aprobó el nombramiento por un periodo de 14 años, de 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y tres más para una nueva sala ubicada en la ciudad de Cuautla, que equivale a que en ese lapso de tiempo a todo estudiante de Derecho y recién egresados ha sido vetada la oportunidad de incorporarse al máximo tribunal de justicia de Morelos. Una cuenta más al rosario de agravios que esta Legislatura ha asestado al conjunto de la sociedad morelense.
Este acontecimiento en el Congreso local discrimina y excluye a jóvenes estudiantes y egresados de Derecho, incorpora una causante de rezago en el ejercicio de una profesión y ahonda las de por sí limitadas oportunidades para jóvenes, en este caso los coloca en una situación de desventaja que frena su desarrollo profesional.
Lo que hace más grave esta designación de magistrados por parte del G15 es que predomina la influencia y beneficios a grupos de presión y de poder. Los nombramientos recayeron en personajes ligados con el actual fiscal acusado de presunto delincuente, otros más del círculo del ex gobernador Graco Ramírez, de ex funcionarios del TSJ, unos más cercanos a los mismos legisladores del G15, etcétera. Un total desaseo en el procedimiento de designación, bajo la sospecha de estar presente actos de corrupción en el reparto de tales magistraturas.
A las 15 personas diputadas y diputados del G15, quedó grande el honor de portar una encomienda de representación popular, su mirada inmediata ha sido sacar provecho personal del cargo; sin embargo, nada extraño será verlos en próximos meses buscar la reelección o en el intento de saltar a alguna nómina pública.