Se investiga posible desaparición forzada.
A petición de su hermana el pasado 24 de abril, se abrió el expediente de queja CDHM/1S.1/011/2023-VEAP, mediante el cual se solicitó al encargado de despacho del CERESO, un informe que incluyera copia certificada del certificado médico del ingreso de la PPL y la implementación de medidas precautorias para realizar la valoración y atención médica del detenido, así como garantizar su integridad, estancia digna y segura; dado que según la hermana, “estaba siendo golpeado y torturado por personal de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social “Morelos” (CERESO) y por otras personas privadas de su libertad (PPL ́s)”
El 26 de abril, se realizó la valoración médica, diagnosticándolo como estable con heridas en proceso de cicatrización, sin certificado médico solicitado; asimismo, que mediante oficio número 06181/23, signado por la Juez Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado, se ordenó su inmediata libertad por haberle dictado auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, sus familiares reportaron que no sabían nada de él.
El 27 de abril, se difundió el video “Testimonio exclusivo después de su liberación de Luis Alberto “N”, acusado por la Fiscalía General del Estado de homicidio y feminicidio de dos hombres y una mujer, extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)”, en el que se aprecia que su vestimenta coincide las con características que son propias de las PPLS, lo que genera sospecha de que la declaración vertida en ese video habría sido grabada en las instalaciones del CERESO o en alguna otra perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), y considerando lo manifestado en el numeral 2 respecto de los posibles actos de tortura, esta declaración pudo ser obtenida bajo coacción.
Por ello, este organismo protector de derechos humanos ha solicitado a la CES, a la FGE y al Juzgado Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, que proporcionen los datos de localización, videograbaciones de las cámaras de vigilancia, boleta de liberación, constancia de entrega de pertenencias de egreso, bitácoras de salida y denuncias por tortura, entre otras, para tener certeza de que Luis Alberto efectivamente fue puesto en libertad.