Diputadas y diputados de la 55 Legislatura local se empecinan en sostener una postura de abierto respaldo a su protegido, el fiscal Uriel Carmona Gándara, al negarse a desconocer su fuero, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados federal, con el fin de que este funcionario enfrente procesos penales por delitos de los que se le acusa: ejercicio ilícito del servicio público, deficiencias en la impartición de justicia en torno a un feminicidio y tortura (los dos últimos delitos en cuatro procesos penales ya abiertos).
Al negarse 14 diputados de diferentes partidos políticos a la homologación del desafuero de Uriel Carmona, los representantes populares se ubican no del lado de la justicia sino de la impunidad, porque los presuntos delitos de los que se acusa al fiscal son producto de investigaciones ministeriales y revisión de expedientes personales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La defensa de los congresistas de Morelos a favor de su protegido es por el fuero del que goza no por su inocencia.
Si las investigaciones del caso comprueban la culpabilidad del fiscal en los delitos que se le imputan, entonces los ahora diputados morelenses tendrán que responder posteriormente en calidad de cómplices.
Desde hoy estos congresistas no gozan de buena fama, su trayectoria en la actual Legislatura los ubica como mercaderes en las posiciones políticas que ocupan. En la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 para la entidad, 15 diputadas y diputados agrupados en el llamado G-15, asignaron al Congreso estatal 584 millones de pesos para su ejercicio en el año por venir, así lo denunció el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.
El organismo refiere que los grupos parlamentarios se reparten en la opacidad el 20 por ciento de ese monto, lo cual equivale a más de 100 millones de pesos tan sólo en 2024, con razón varias y varios de estos representantes del pueblo desean mantenerse en el cargo, incluso escalar alturas de poder político donde el reparto del presupuesto público es más cuantioso.
Para ello son capaces de hacer declaraciones insulsas y cursis como hizo el panista presidente de la Mesa Directiva, en la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la presente Legislatura: “Ejercimos nuestra función legislativa con honor y compromiso en favor de la población morelense (…) es nuestra convicción propiciar siempre la ampliación de las avenidas del diálogo y el acuerdo para contribuir al crecimiento y desarrollo de las y los morelenses (…).
Ya se verá cómo la población morelense responde en junio de 2024 en las urnas, a la pretensión de estos vivales a seguir conectados en nóminas y presupuestos públicos. Cuando varios de ellos tendrían que ser sujetos de investigación ministerial, pero desde ahora en apariencia han garantizado su impunidad con el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes presuntamente han adquirido el compromiso de no perseguir a sus ahora benefactores.
Por: Miguel Melo González