Sin duda será trascendente el legado del primer gobierno federal de Morena en los principales sectores de la economía, así como en las áreas sociales de atención a la salud, educación, apoyo a segmentos etarios de la población y sectores vulnerables, entre otros.
Básicamente encaminado por una política de bienestar social, el gobierno federal fomentó la reactivación de la producción industrial, tras el paso de Covid-19, con un claro impulso a la industria de la construcción con la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de Cancún; además de la inversión de nuevos asentamientos industriales como la próxima presencia de Tesla en el estado de Nuevo León.
En materia agrícola se han dado pasos para alcanzar autosuficiencia alimentaria, con la puesta en marcha de programas de atención al campo y sus trabajadores, como son el crédito a cerca de dos millones de pequeños productores, a ganaderos y pescadores; adquisición a pequeños productores de su producción de granos básicos a precios de garantía con eliminación de intermediarios, incluyendo apoyos de crédito a ganaderos, y suministro de insumos y capacitación a pescadores.
El turismo internacional representó a México un ingreso de más de 28 mil millones de dólares en 2022, sólo superado por los envíos de divisas de mexicanos radicados en Estados Unidos. La industria del turismo requiere de inversión con sentido social para que la derrama económica de visitantes nacionales y extranjeros beneficie a los inversionistas y a trabajadores para que sea coadyuvante en el crecimiento y desarrollo de regiones y territorios.
En el aspecto social, los programas de bienestar representan el emblema de esta administración, se logró la constitucionalidad de la pensión para adultos mayores; además, distintos programas benefician económicamente a estudiantes de todos los niveles educativos, otros a jóvenes en su primera oportunidad de experiencia laboral, hay también apoyo a madres solteras y personas con capacidades diferentes. Todos estos programas de apoyo representan que la población cuente con un ingreso para adquirir mercancías y servicios, lo cual permite tener un mejor nivel de vida y hace circular efectivo en beneficio de productores, comerciantes y prestadores de servicios. Estos programas son lubricantes para el sistema económico.
Con el ingreso de la pandemia en nuestro país (febrero de 2019) se vino una difícil situación para el sector salud, porque existía un sistema desmantelado cuyo presupuesto se manejaba en completa opacidad en beneficio de funcionarios públicos, proveedores de equipo y medicinas, sin ser ajenos legisladores y gobernantes con intereses económicos en el sector. El país requirió de más de 40 mil millones de pesos tan sólo en adquisición de vacunas y cerca de 12 mil millones para rehabilitar o concluir hospitales y centros de salud.
Se han sentado las bases de un plan nacional de desarrollo con la intención de disminuir la desigualdad, cerrar paso a la corrupción y la impunidad, con la óptica de involucrar a inversionistas en el crecimiento y reproducción de sus inversiones, propiedades y medios de producción. Todo ello acompañado con un manejo de recursos bajo el principio de austeridad republicana, sin solicitar préstamos, con una recaudación en aumento y sin crear cargas impositivas.
Lo anterior sirve para preguntar a las decenas de aspirantes a ser legisladoras y legisladores locales por Morelos y quienes pretenden la candidatura a gobernar la capital del estado, si entre sus propósitos cuentan con un plan de desarrollo para la entidad y para su ciudad capital, pertinente, posible, producto de un diagnóstico corroborable, que permita dar continuidad a un plan iniciado a nivel nacional cuya primera premisa es el bienestar social, o simplemente se trata de aspirantes a detentar poder político y beneficios económicos para goce personal, de sus familias y de sus allegados.
Por: Miguel Melo González