La inseguridad y criminalidad son problemáticas que se extienden por todo el territorio de la nación, con las particularidades de cada región, estado o municipio. Por ejemplo, en Morelos la criminalidad se ha acentuado, 5 mil 228 personas fueron ultimadas de manera violenta en 2023, en promedio más de 14 homicidios diariamente, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), publicadas en la prensa nacional (1).
El flagelo de la violencia criminal es un asunto que requiere abordaje interinstitucional e interdisciplinario, la mayoría de las veces son hechos relacionados con pobreza económica, deshumanización, inmoralidad, exaltación de la violencia, rompimiento de los lazos de familia, abandono de la educación, etcétera. La problemática es compleja y no de fácil e inmediata resolución, por lo que requiere la intervención de especialistas en materias de legalidad, psicológica, económica, educativa, entre otras.
Desde la primera década de este siglo se ha dado un trato persecutorio a la comisión de delitos, lo cual trajo consigo un incremento exponencial y el evidente fracaso del gobierno federal al imponer una “guerra contra el narcotráfico”, con cuerpos policiacos carcomidos por la corrupción. A partir de entonces los delitos y las bandas de delincuentes se incrementaron, investigaciones penales posteriores demostraron la colusión entre bandas y jefes policiacos del gobierno federal de aquellos años.
En el reciente quinquenio se instrumentó a nivel federal un enfoque distinto en el combate al delito y la criminalidad, con el criterio que estos actos cesarían en la medida que se atiendan las causas estructurales de su origen; es decir, combatir la pobreza y fomentar la inclusión social. Lo cierto es que delincuencia y criminalidad han aumentado su presencia.
El próximo 2 de junio se votará para elegir nueva gobernante en Morelos, en esa fecha el tema de la inseguridad estará latente en el ánimo del electorado. La memoria de las y los votantes tendrá oportunidad de recordar que la profunda crisis delictiva no es reciente, al menos data desde que la entidad fue gobernada por representantes panistas, que a pie juntillas impusieron una réplica estatal de la “guerra contra el narcotráfico”, en perjuicio de la población.
En 2002, cuerpos policiacos bajo mando panista agredieron y encarcelaron a ciudadanos opositores a la destrucción de la zona arqueológica y bosque urbano de más de 900 árboles conocido como Casino de la Selva, fabricándoles delitos como motín, sabotaje, ataques a vías de comunicación, resistencia de particulares y apología del delito.
Años más tarde, en 2008, ante la inconformidad del gremio magisterial morelense por la aprobación de una Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), los gobiernos federal y estatal dieron trato penal a un conflicto laboral. Acosaron a la disidencia docente con demandas penales, órdenes de aprehensión y procedimientos administrativos o laborales.
En el país y en Morelos, del año 2000 al 2012, gobernaron representantes del panismo, a nivel federal y en el ámbito estatal se incrementó la tasa delictiva. Fracasó la política persecutoria, entre otras razones, por la idea errónea que el castigo inhibe la presencia del delito, además por la corrupción de los mandos policiacos que se extiende entre subalternos.
Es improbable que con una política persecutoria que ha demostrado su incomprensión de la problemática y su consiguiente fracaso, vayan a desaparecer índices delictivos y criminales. Ahora aseguran que con cárceles nuevas sí lo conseguirían, lo cual se vuelve sospechoso dado que de las acciones públicas el panismo hace jugosos negocios en beneficio personal.
Referencia hemerográfica:
1. Excélsior, 02/01/2024, (E. Cruz),