Miguel Melo González
Antes del pasado 2 de junio, ya era inminente la victoria electoral de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de México, representando a la coalición integrada por los partidos Morena, PT y PVEM, sobre la candidata de la oposición conservadora integrada por el PAN, PRI y PRD. Fue vaticinio anticipado de la prensa internacional, de los sectores financieros en Estados Unidos y en Europa, así como de estudios demoscópicos realizados con profesionalismo y honestidad.
Sin embargo, al interior del país, previo a las elecciones, los sectores más opositores a la actual política económica de bienestar, no sólo anticipaban un presunto triunfo electoral, también se dedicaron a ejercer una campaña de desinformación con calumnias en torno al actual presidente, a Claudia Sheinbaum (entonces candidata a la Presidencia), así como inventaron campañas catastrofistas en torno a la economía.
Desde que inició la presente administración federal se dedicaron a propagar una guerra sucia con propósito desestabilizador, en 2013 arreciaron su accionar como punta de lanza de su campaña electoral. Los autores de la guerra sucia fueron los partidos políticos del frente opositor (PAN, PRI, PRD), prensa e intelectuales añorantes del “chayote” y el “apapacho” gubernamental de otros tiempos, empresarios acostumbrados al lucro derivado del gasto operativo oficial, legisladores que hicieron de los presupuestos de los tres niveles de gobierno su mina de enriquecimiento ilegal y el Poder Judicial (PJ) beneficiario de la protección a personajes y grupos de interés económico.
Esos sectores aportaron recursos para su guerra sucia, incluso contaron con fuentes de financiamiento del extranjero. Su principal objetivo siempre fue recuperar la conducción de un gobierno dedicado a satisfacer sus intereses. Bombardearon a la sociedad en general con sus mensajes clasistas y de odio, de ofensas y calumnias. Jorge Castañeda, un intelectual de los llamados orgánicos y ex funcionario del sexenio foxista, abiertamente llamó a “una guerra sucia en serio”.
Una vez transcurrido el día de la elección, la votación nacional a favor de Claudia Sheinbaum fue abrumadora: cerca de 36 millones de votos contra alrededor de 16 millones del bando opositor más numeroso. Es clara la respuesta del electorado a favor de la continuidad a la política económica de bienestar y el respaldo a un proceso de reformas, donde destaca de manera inmediata la ya impostergable al PJ.
De muchas décadas atrás, el PJ: jueces, magistrados y toda la pirámide burocrática que lo integra, manejan la ley a su entera conveniencia, de eso somos testigos los mexicanos, particularmente aquellas y aquellos que por una u otra razón han tenido el infortunio de sortear los tortuosos, caros y agotadores senderos de un proceso judicial.
A partir de la década de los años 80 del siglo pasado, en la etapa conocida como neoliberal, el PJ ha dispuesto sin consultar con nadie ni tomar en cuenta la situación económica y laboral del país, de beneficiarse directamente del presupuesto destinado a impartir justicia con sueldos muy por encima de la media nacional, sobresueldos y prestaciones ofensivas por elevadas y privilegios que ningún otro trabajador devenga.
La reforma al PJ es un asunto de justicia social. En nuestro país no habrá justicia plena mientras el poder encargado de impartirla, haga de su presupuesto y de su poder republicano el primer objetivo de su beneficio.
Jueces, magistrados y burocracia del PJ se resisten a perder sus beneficios, pero la inmensa mayoría del electorado decidió de manera pacífica y democrática avanzar en la transformación. Además, los partidos opositores uno perdió su registro como organización partidista; los otros dos, PAN y PRI escenificarán disputas internas por el control de sus correspondientes comités directivos, ambos partidos han perdido votos y credibilidad, oponerse a una reforma al PJ es situarse nuevamente contra la decisión de las mayorías.