Miguel Melo González
Hay sectores de interés económico que se vuelven contra la mayoría de la población, cuando pretenden que sus conveniencias les reditúen ventajas por encima de los derechos de los demás. Tal es caso de los concesionarios del servicio de transporte colectivo en Morelos, donde los dueños de las llamadas “rutas” exigen al gobierno de la entidad un aumento a la tarifa del pasaje mínimo de 40 por ciento.
La última vez que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) cedió ante la presión de estos concesionarios ruteros, al autorizar un aumento de 25 por ciento fue en 2021, justo cuando en el mundo, en México y desde luego en Morelos se atravesaba por la pandemia de Covid-19, la cual provocó parálisis de las actividades económicas consideradas no esenciales.
El freno económico repercutió en el cierre de empresas medias, pequeñas y micros que en Morelos ofrecen empleo y ocupación laboral a arriba de 60 por ciento de la Población Económicamente Activa, más la población ocupada en actividades informales, que son quienes en su mayoría ocupan el transporte público con itinerario fijo para su traslado al trabajo, casa, oficina o escuela, etcétera. La decisión oficial de atender la exigencia de los concesionarios del transporte en 2021, en cuanto al aumento de la tarifa perjudicó a los más y beneficio a los menos.
Después se supo que los choferes de las unidades de este transporte se quejaron porque los dueños de los vehículos les aumentaron “la cuenta” para desempeñar su labor. Con esto se pueden detectar que cuando menos existen tres principales sectores involucrados en la prestación de este servicio: concesionarios, choferes y usuarios.
Regulados en teoría estos sectores por la ley respectiva, con el arbitrio de la autoridad estatal para vigilar el cumplimiento correcto de este servicio, siempre con el objetivo que funcione en beneficio del usuario, seguro, cuyo costo sea accesible y los aumentos nunca tienen que sobrepasar el porcentaje de incremento a los salarios.
En 2021 el gobierno estatal incumplió en procurar el beneficio al usuario y mostró endeblez ante la presión de los concesionarios. Hoy la población organizada tendría que oponerse a que los concesionarios nuevamente se salgan con la suya, situación provocada en parte por un gobierno de simulaciones.
He aquí una propuesta, entre otras, para que el servicio del transporte colectivo público funcione sin ventajas exclusivas para los concesionarios, son los dueños de las unidades quienes realmente mantienen colapsado este sector de la economía; para que se reconozca al conductor de las unidades la calidad de trabajador con derecho a prestaciones laborales, y para que el usuario reciba un trato y servicio digno: crear un consejo consultivo estatal del transporte público, donde sean incluidos los tres sectores fundamentales: concesionarios, choferes y usuarios.
Este servicio ha crecido sin la debida atención de la autoridad gubernamental, es anárquico y ventajoso para unos cuantos dueños del servicio; desprotegida la situación del conductor de unidades en muchos casos viejas y descuidadas, y el usuario se tiene que organizar para ser tomado en cuenta y que no se omita más su derecho a un servicio accesible, seguro y limpio.