Miguel Melo González
El presente texto fue escrito antes del lunes 26 de agosto de 2024, fecha en que los representantes de los concesionarios del transporte público con itinerario fijo en el estado de Morelos, conocidos popularmente como las rutas, anuncian que paralizarán el servicio al que están comprometidos a prestar, en un intento por desquiciar toda actividad social y económica en las zonas urbanas de la entidad.
Ante la difusión de esta advertencia, el gobierno del estado respondió mediante un comunicado de prensa, fechado el pasado viernes 23 de agosto, que “si las amenazas de los transportistas pasan a los hechos, se aplicará con firmeza y determinación la ley; y se lanzará la convocatoria de urgencia para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de transporte público”.
En el comunicado de prensa del gobierno estatal, se agrega que en la Ley de Transporte en la entidad, se establece en la fracción VIII del artículo 71, que: “procede la revocación de las concesiones cuando se altere el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de prestar el servicio de transporte público”.
Bajo esta circunstancia se encuentra la posición desafiante de los concesionaros ruteros, quienes tras haber conseguido hace apenas tres años la autorización de aumento a la tarifa de 25 por ciento, ahora están empeñados en obtener un incremento de 40 por ciento, para lo cual están dispuestos el lunes 26 de agosto, a dañar las actividades de los usuarios, ¡que es de donde provienen sus ganancias! Estrecha la visión social y económica de estos varones.
Hace 40 años aproximadamente, el entonces gobernador de Morelos, Lauro Ortega Martínez, lanzó un decreto para reordenar el transporte y crear nuevas rutas, tras el intento de los concesionarios por imponer un aumento a la tarifa. Se crearon 20 rutas; una más llamada interescolar; más otra que fue concedida a la CTM. En total 22 rutas, 50 permisos para circular por cada ruta.
En los años 80 como hoy, la voracidad de los concesionarios intentó afectar la economía de los usuarios, quienes son económicamente la población más vulnerable del conjunto social. Con igual insolencia que hoy, amenazaron con paralizar el servicio y afectar las actividades productivas y de servicios.
Una reacción propositiva fue la respuesta del gobierno estatal, al ofrecer a choferes la oportunidad de hacerse de un patrimonio, que a la vez se convertiría en activo para obtener ingresos. Así, hace 40 años el gobierno encabezado por Lauro Ortega Martínez, cortó de tajo la ambición de los concesionarios del transporte y ofreció a la sociedad una reestructuración del mismo.
Hoy las condiciones políticas son distintas; sin embargo, los nuevos varones del transporte reeditan la arrogancia de hace 40 años aproximadamente. Este asunto seguramente caerá en manos de la gobernadora entrante, quien deberá diseñar una respuesta económica y social a esta problemática.