Miguel Melo González
Con la aprobación legislativa de la reforma al Poder Judicial (PJ), ahora los tres poderes de la unión en sus distintos niveles asumen un rumbo único en su relación con la sociedad mexicana. Las condiciones se fueron acomodando con la elección presidencial de 2018 y en este 2024 el Estado mexicano tiene la misión de consolidar el giro en retorno a la política económica de bienestar, en sustitución de una al servicio de la gran burguesía nacional y extranjera, y contra la mayoría de la población.
En el inicio del periodo neoliberal en nuestro país (1983), la política económica impulsada desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña se caracterizó por el desmantelamiento político y económico de los bienes de la nación. Se vendieron a precio de ganga a grupos económicamente poderosos, empresas y bienes estratégicos para el desarrollo, así como se reorientó el sentido social del Estado por uno entregado no en beneficio de la sociedad sino del libre mercado.
La economía de mercado en los gobiernos mencionados tuvo en promedio un crecimiento anual apenas superior a 2 por ciento y una marcada desigualdad entre los mexicanos; mientras que grandes empresarios de los sectores económicos y la banca acumularon ganancias con apoyo fiscal e infraestructura por parte del Estado mexicano; en tanto los salarios perdieron capacidad de compra hasta alrededor de 80 por ciento, sin contar que amplios sectores de asalariados perdieron su fuente de empleo.
Agreguemos a lo anterior que legisladores, así como personajes de gobierno y el Poder Judicial se vieron envueltos en escándalos de corrupción por el daño patrimonial ocasionado a la nación. En resumen, llegado el momento de las elecciones presidenciales de 2018, el grueso de la población había experimentado empobrecimiento y el agravio de medidas gubernamentales, legislativas y jurídicas que atentaron contra bienes nacionales.
Sobran ejemplos de agravio contra la nación y contra la mayoría de mexicanos: Fobaproa, eliminación de pensiones a trabajadores, prolongación de años de servicio para alcanzar un retiro de apenas 60 por ciento del salario en activo, privatización de bienes propiedad de la nación, anatocismo, inflación sin límites, aumento al IVA, menores presupuestos a educación y salud públicas, fraudes en empresas e instituciones públicas, estafas maestras, la casa blanca, etcétera.
El gobierno mexicano que inicia en 2018 llegó con una oferta de política económica que advierte revertir los efectos negativos de la era neoliberal, liderado por un personaje que con anterioridad pasó pruebas de lealtad con trabajadores, con sectores sociales vulnerables, adultos mayores, con estudiantes, con comunidades rurales, entre otros.
Al cabo de seis años de un gobierno distinto a los de la era neoliberal en México, algunos saldos socio económicos son los siguientes:
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), disminuyó el número de personas en pobreza; aumentó el salario mínimo, con lo que asalariados aumentaron su capacidad de compra; creció el número de programas sociales en beneficio de adultos mayores, estudiantes, personas con capacidades diferentes, trabajadores urbanos y del campo, madres solteras, entre otros.
El gobierno (2018-2024) contrajo el gasto corriente para su funcionamiento y los recursos fueron dirigidos a obras de infraestructura para el bienestar y productivos, con lo que se dinamizó la producción, venta y compra de mercancías, de servicios; además, se abrieron empleos temporales y fijos, lo cual explica en parte por qué México en estos momentos es el segundo país con menos desempleo entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Estos datos y otros más nos muestran por qué el gobierno que inicia en 2018 fue sumando respaldo social durante su gestión, y por qué no fue casual que el electorado se haya volcado en 2024 por la continuidad del Estado de bienestar social que contribuyó a disminuir la desigualdad, creando condiciones necesarias para lograr una redistribución del ingreso.
Mientras el nuevo régimen que inicia en 2018 fue acumulando fuerza con amplia base social de apoyo, sus rivales representantes del desmantelamiento del Estado de bienestar, causantes de la desigualdad, la pauperización y una alta corrupción se derrumbaron de manera estrepitosa. Ex legisladores, ex funcionarios de gobierno, la prensa que vende sus servicios, empresarios favorecidos mediante cohechos repartidos por todas partes y el PJ que hizo de la impartición de justicia y el aprovechamiento de los recursos públicos su beneficio particular, sucumbieron ruidosamente en 2024.
El electorado mandató con su voto en las urnas el pasado 2 de junio, el fortalecimiento de una transición reformista, democrática y pacífica.