El Colectivo Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, exigió al Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, “claridad, estricto apego al Derecho y el respeto al derecho a buscar a nuestros familiares”.
En un comunicado de prensa, el colectivo denunció una serie de hechos en “donde pareciera que la autoridad busca obstaculizar y excluir el trabajo que realizan las familias buscadoras”, y además, prácticas realizadas por la autoridad que parece tener otras finalidades menos la localización de nuestros seres queridos desaparecidas y desaparecidos”.
Dieron a conocer que en múltiples ocasiones, a las familias que acuden al Servicio Médico Forense a cargo del Dr. Samuel Nava, con la intención de revisar el álbum fotográfico que se dispone en el SEMEFO, se les ha negado el acceso: “El argumento que dan, es para evitar revictimizar a las familias, y que es el Ministerio Público o el perito asignado quien revisa dicho álbum. Mientras tanto, el familiar es aislado en una sala y sin ningún acompañamiento psicológico o de su propio colectivo, para esperar la confirmación del resultado por parte del personal de la Fiscalía”.
“Estas prácticas dejan al descubierto que la Fiscalía a través del área de SEMEFO e identificación humana no han entendido la necesidad de la humanización del servicio, desconociendo y revictimizando a las familias. Porque deben de entender que las familias que quieren revisar el álbum fotográfico de los cuerpos resguardados, no lo hace con ninguna intención de morbo, sino la de solo descartar o confirmar del destino de su familiar desaparecido”.
Refieren que de acuerdo con la Ley de Víctimas, las familias tienen el derecho a la búsqueda y a la participación directamente en la identificación. “Si bien no negamos que pudieran existir elementos de la fiscalía con vocación de servicio, muchas de las veces tiene una sobrecarga de trabajo, entonces conocer y reconocer cada característica física de las victimas denunciadas se vuelve una tarea imposible, y por lo tanto, deja en la incertidumbre a las familias si realmente hicieron una revisión puntual y detallada en el álbum”.
“En el caso de Morelos, la humanización de la Fiscalía del Estado sigue siendo una tarea pendiente, ya que en los hechos sigue incurriendo en prácticas que no solo atentan contra nuestros derechos, sino que terminan en una doble revictimización. Al respecto queremos señalar, denunciar y exigir que además del trato digno, las familias tenemos derechos que no se negocian ni son favores que nos otorgan y nos referimos a la participación de las familias en la búsqueda”, se lee en el texto.
Los hechos
Detallaron que el pasado 13 de marzo, las familias buscadoras de este colectivo, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda, realizaron en Zacatepec un recorrido a un sitio que fue señalado de ser un probable punto de donde se encontraba una fosa clandestina. “Lugar donde resulto ser positivo y se localizó uno de nuestros tesoros al fondo de un pozo”.
Refirieron que, apegados al protocolo, se procedió a notificar a las autoridades ministeriales para hacer el levantamiento del cadáver y la recopilación de las pruebas periciales; lo que no se realizó, ante la falta de una orden de cateo.
El colectivo argumentó que el sitio no estaba dentro de un terreno propiedad privada, por lo que no se requería de la orden de cateo y que no es la primera vez que se localizan restos humanos; incluso, dada la reincidencia, se ha solicitado reiteradamente el recubrimiento del pozo para evitar sean depositados más cuerpos.
Refirieron una serie de irregularidades y hechos contradictorios como el hecho de que cuando se les notificó sobre el hallazgo del cadáver, lo primero que la autoridad cuestionó fue sobre la presencia de algún colectivo de familias y que en el lugar se presentó una agencia funeraria, argumentando que se les ha llamado en otras ocasiones como esta, para disponer de los cuerpos, cuando debería de ser el SEMEFO, quien se encargara de este procedimiento.
“Todo lo anterior deja al descubierto que la Fiscalía tiene conocimiento sobre sitios que, como este, se están convirtiendo en zonas de inhumación clandestina y por lo tanto de impunidad, sin que intervenga. Además, la Fiscalía pone obstáculos o excluye con pretextos infundados a las familias organizadas en colectivos que realizaron el hallazgo de los restos”, se expone.
El colectivo hace hincapié en el hecho de que una agencia funeraria particular este presente en el lugar del hallazgo de los restos, “lo que hace sospechar de los procedimientos que realiza la Fiscalía en el levantamiento y disposición de los cuerpos: puesto que por protocolo es el Servicio Médico Forense (SEMEFO) los responsables del proceso: la necropsia de ley, la identificación de la persona, búsqueda de sus familiares y determinar la causa de muerte, entre otras más”.
El pasado 14 de marzo, refirieron, se enteraron de último minuto y no por canales institucionales de la Fiscalía, que se realizará la exhumación del cuerpo localizado el día de ayer en el municipio de Zacatepec: “Nuevamente, la Fiscalía es omisa en informarnos a las Familias sobre este hecho, toda vez que es un sitio de interés para las familias. Esto demuestra una vez más la falta de compromiso ético y social que en diversas ocasiones ha comentado el Fiscal y sus colaboradores, en el que refieren el respeto hacia las víctimas y sus familias, pero en los hechos buscan obstaculizar o excluir del derecho que por ley que nos corresponde de la Verdad y acceso a la justicia”.