El pasado 6 de noviembre del año 2024, instalamos formalmente la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el Congreso de Morelos. Desde ese día fijamos un objetivo claro: impulsar una agenda migrante que dé forma a un marco legal incluyente y que fortalezca la coordinación interinstitucional. No era una frase hecha, sino una ruta de trabajo.
Mientras en distintas regiones del mundo se endurecen las políticas migratorias, se blindan fronteras y se flexibilizan normas que permiten expulsar con mayor facilidad a quienes buscan un futuro mejor, en Morelos y en México elegimos un camino distinto. Creemos que la verdadera responsabilidad del Estado es garantizar que toda persona —sin importar su origen, su color de piel o su estatus migratorio— pueda acceder a derechos tan básicos como la salud, la educación, el empleo digno, el acceso a apoyos sociales y a una vida libre de violencia.
Nuestro reto principal es evidente: construir las condiciones necesarias para que ningún morelense o mexicano se vea obligado a abandonar su hogar por necesidad, inseguridad o falta de oportunidades. Pero ese compromiso no puede hacernos olvidar a quienes transitan por nuestro estado o a quienes han retornado después de años lejos de casa. Ellos también forman parte de la realidad social y humana de Morelos.
Por ello, hemos presentado diversas iniciativas para fortalecer la inclusión de las personas migrantes y su acceso a programas sociales. La más reciente fue expuesta el pasado 27 de noviembre ante el pleno del Congreso: una propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado de Morelos que busca garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para todas las personas migrantes y en retorno.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano universal. No reconoce fronteras, idiomas ni estatus migratorio. Y en un estado como el nuestro, donde cerca de una cuarta parte de la población tiene vínculos migratorios, este principio deja de ser una aspiración y se convierte en una responsabilidad ineludible.
Garantizar atención médica para quienes están en tránsito o para quienes regresan no es solo un acto de humanidad; es una necesidad de salud pública. Las enfermedades no preguntan por documentos. La pandemia de COVID-19 nos lo recordó de manera dolorosa: la protección colectiva depende del acceso igualitario a la prevención, al diagnóstico y a la atención oportuna.
Humanizar el fenómeno migrante también implica dejar atrás prejuicios y narrativas de criminalización. Significa ofrecer a quienes llegan lo mismo que exigimos para nuestros connacionales que cruzan fronteras en busca de oportunidades, muchas veces en condiciones adversas.
Ese es el espíritu de la iniciativa presentada: hacer de Morelos un referente nacional de inclusión, respeto y trato digno hacia las personas migrantes y en retorno. A lo largo de nuestra historia, quienes han llegado de otros lugares han aportado trabajo, cultura, ciencia y diversidad. Reconocerlo no es un gesto político: es un acto de justicia.
- Presidenta de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.