Denuncian opacidad en la permuta de terrenos municipales en Cuernavaca y exigen
suspensión del proyecto hasta contar con información técnica y legal completa.
Organizaciones civiles y vecinales, así como la diputada federal Meggie Salgado Ponce,
alertaron que a unos cuantos días de la modificación de la ley orgánica municipal que
refrenda la ampliación de las facultades a todos los Municipios del Estado para
enajenar las propiedades.
Permitiendo que, con el voto de dos terceras partes de sus integrantes, el Ayuntamiento
pueda ceder, donar o permutar bienes municipales sin la intervención del Congreso del
Estado ni mecanismos claros de transparencia.
Esta modificación abre la puerta a decisiones discrecionales que afectan el patrimonio
público y el entorno urbano, generando preocupación entre la sociedad civil.
Un ejemplo reciente es la permuta aprobada a favor de una institución religiosa.
En conferencia de prensa, la diputada federal Meggie Salgado, acompañada de Martha
Moreno, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos de Vistahermosa
Reforma; del abogado Juan Carlos Juárez y representantes de diversas asociaciones
vecinales, explicó que la permuta involucra dos predios con usos de suelo distintos: uno
en la calle Santa Prisca, donde se reportó la tala de aproximadamente 70 árboles, y otro
entre Calzada de los Estrada y calle Jojutla. Destacó que la magnitud del proyecto
requiere una Manifestación de Impacto Ambiental, por la probable afectación al
arbolado, al agua, a la movilidad y al entorno social.
Salgado advirtió que la ciudadanía ha solicitado, sin éxito, acceso a expedientes,
dictámenes y estudios sobre la operación. Recalcó que el proceso se ha llevado a cabo
con opacidad y sin mecanismos efectivos de participación. “No se puede aprobar un
proyecto de esta magnitud sin transparencia, sin estudios y sin informar a la
ciudadanía. Exigimos la suspensión de la permuta hasta que exista una justificación
técnica y legal que la respalde”, afirmó.
Durante la sesión de Cabildo del 12 de noviembre, la permuta fue aprobada.
El único voto en contra fue del regidor Gabriel Rivas, quien destacó la falta de
información y sustento técnico.
Las organizaciones vecinales señalaron que este contexto aumenta las dudas sobre la
legalidad y transparencia del proceso.
Los participantes subrayaron que la reciente modificación a la Ley Orgánica Municipal
amplió las facultades de los ayuntamientos para enajenar bienes municipales, lo que
hace aún más necesaria la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.
Advirtieron que estas nuevas facultades han generado controversias en otros estados y
pidieron que en Cuernavaca se eviten decisiones discrecionales o carentes de rigor
técnico.
Martha Moreno señaló que “la opacidad impide conocer el alcance real del proyecto y
nos niega la posibilidad de evaluar riesgos urbanos y ambientales; esto huele a
discrecionalidad y abre la puerta a posibles actos de corrupción”.
Por su parte, Juan Carlos Juárez recordó que el patrimonio municipal “no es de libre
disposición” y que su enajenación debe responder a fines de servicio público y
bienestar. Subrayó que términos como “beneficio colectivo” o “causa de interés público”
son conceptualmente indeterminados y requieren controles estrictos para evitar
interpretaciones discrecionales, en consonancia con los artículos 115 y 134 de la
Constitución.
Durante la conferencia se proyectaron videos de sesiones y casos similares en
municipios de Querétaro, además de patrones que reflejan el accionar de un “cártel
inmobiliario” que opera en varias ciudades del país, incluida Ciudad de México.
Las organizaciones responsabilizaron a las autoridades de evitar que estos patrones se
reproduzcan en Cuernavaca y exigieron investigaciones rigurosas. Informaron que ya
presentaron oficios, solicitudes y denuncias ante las instancias correspondientes, y que
impulsarán —de ser necesario— procesos legales, sociales y mediáticos para frenar la
ejecución del proyecto mientras no existan garantías técnicas y legales.
Señalaron que hay indicios de limpieza y movimientos en el predio, lo que sugiere
acciones inminentes, y expresaron su preocupación por la posibilidad de que las obras
avancen durante el periodo vacacional de Navidad, cuando la fiscalización suele
disminuir.
Medidas inmediatas exigidas por las organizaciones:
Suspensión cautelar de la permuta hasta acreditar la legalidad del acto.
Publicación íntegra del convenio, estudios, dictámenes y permisos.
Realización y difusión de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
Implementación efectiva del Observatorio Urbano prometido por el Ayuntamiento
para facilitar la supervisión ciudadana.
Garantía de preservación del arbolado y bienes públicos mientras se resuelve el fondo
del asunto.
Revisión de la actuación administrativa relacionada con la tala y sanción a los
responsables si procede.
Para contextualizar técnicamente la exigencia ciudadana, recordaron los criterios
mínimos para espacios públicos calificados como parques: ancho mínimo de 20
metros continuos en su lado menor y accesibilidad peatonal cada 500 metros;
permeabilidad pluvial mayor al 75%; planificación que permita al menos dos usos
paralelos; empleo de especies nativas o endémicas; limitación del riego intensivo al 15%
de la superficie; y recuperación de cuerpos de agua en zonas de humedales en al
menos 20% de la extensión.
Estas medidas se establecen conforme a la normativa ambiental vigente y buscan
garantizar que los espacios públicos cumplan con estándares de sostenibilidad,
funcionalidad y beneficio social.
No nos oponemos a la construcción de una iglesia.
Nuestra inconformidad es por la poca transparencia e información inexacta sobre la
permuta de la calle Santa Prisca, que fue aprobada en la sesión de cabildo el día 12 de
noviembre de 2025.
La instancia que tiene facultades para salvaguardar el patrimonio de la ciudad, es la
Sindicatura. En ese patrimonio se encuentran las calles, plazoletas, banquetas y demás
propiedades de tierra que el municipio ha recibido en el desarrollo y aprobación de
fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales.
Es un antecedente de la ligereza o poca reflexion.
Los participantes reiteraron su disposición al diálogo público informado, pero
enfatizaron que no se puede proceder con la permuta ni con obras asociadas sin
información técnica y jurídica que garantice la protección del interés público y del entorno
