Previo al inicio de la sesión del Consejo Municipal de Seguridad, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, lamentó públicamente el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, con quien mantenía una relación de amistad de tres décadas, y expresó su profunda solidaridad y consternación hacia los familiares de la víctima.
El edil informó que se puso en contacto directo con el fiscal general del estado para exigir una investigación exhaustiva y técnica que no descarte ninguna línea, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar la impunidad.
El mandatario local hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a los actores políticos para no caer en especulaciones ni politizar el caso, subrayando la necesidad de permitir que las autoridades ministeriales determinen con rigor técnico el móvil del crimen y la identidad de los autores materiales e intelectuales.
Al respecto, Urióstegui desestimó que las posturas críticas y los cuestionamientos que el regidor manifestaba en las sesiones de cabildo sobre temas administrativos hayan sido el detonante del atentado, puntualizando que tales diferencias se debatían dentro de los cauces institucionales y se encuentran muy lejos de motivar un acto de esta naturaleza.
Asimismo, el alcalde confirmó la existencia de antecedentes de amenazas contra el funcionario municipal, detallando que hace más de un año y medio Gabriel Rivas interpuso una denuncia penal por intimidaciones atribuidas a un grupo delictivo. Derivado de esa acusación, la autoridad le otorgó protección mediante una escolta temporal, la cual concluyó con el paso de los meses debido al carácter provisional de la medida; por ello, demandó que este suceso previo sea considerado formalmente como una línea prioritaria en las investigaciones.
Finalmente, Urióstegui solicitó que las indagatorias de la fiscalía trasciendan el ataque inmediato para evaluar integralmente el nivel de riesgo en el que se encuentran los integrantes del cabildo de Cuernavaca.
A la par de reiterar que las sesiones edilicias son de carácter público y transparente, el gobierno municipal puso a disposición de las autoridades investigadoras todo el respaldo institucional y el material de las cámaras de videovigilancia que pudiera haber registrado algún seguimiento o indicio clave para dar con los responsables.