El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Isaac Pimentel, destacó el cumplimiento que el Poder Legislativo le ha dado a los decretos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre pensiones y jubilaciones.
Recientemente, la SCJN declaró la invalidez parcial de dos decretos que otorgaban pensiones y jubilaciones con cargo directo a los presupuestos del Poder Judicial local y de la Fiscalía General y que evidenció la negligencia presupuestal del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco; cuestionado al respecto, Isaac Pimentel rechazo que en la 56 Legislatura se genere tal escenario.
Este derivó de dos controversias constitucionales interpuestas por el Poder Judicial, la 260/2024, donde se impugnó el decreto que ordenaba pagar una pensión a Eldaí López López (exactuaria de segunda instancia adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia) con cargo a su presupuesto y la Fiscalía General del Estado, la 283/2024, que impugnó el Decreto 1983, promulgado el 10 de julio de 2024 y que concedió una pensión a Carlos Alberto Figueroa Vázquez, exprocurador fiscal durante el gobierno de Graco Ramírez.
En entrevista, el legislador detallo que la SCJN emitió una sentencia ordenando dar cumplimiento a jubilaciones y pensiones, de las cuales, “a 50, se les ha dado cumplimiento y hay 104 qué están cumplidas, pero faltan por notificar. En tanto que faltan tres de las requeridas, sobre las qué se enviaran información”.
Indicó, finalmente, que cada organismo involucrado –en este caso el TSJ y la Fiscalía General del Estado–, deberá contemplar en el presupuesto del año proximo, los requerimientos financieros necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado por la SCJN.
Al mismo tiempo instruyó al Legislativo local a asignar el presupuesto necesario para que ambas instituciones puedan pagar dichas prestaciones a dos exservidores públicos que cumplen con los requisitos legales.
La Corte fue clara al señalar que, conforme al Artículo 116 de la Constitución, sólo al Poder Judicial de Morelos le corresponde administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto.
Aunque la Corte no invalidó el derecho a la pensión de los exservidores públicos, sí invalidó la forma en que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pretendió cargar la factura a otras instituciones, lo que se traduce en una grave negligencia en el manejo de las obligaciones laborales y presupuestales del estado.
La Corte vinculó al Congreso Local para que dote del presupuesto necesario tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado para cubrir dichas pensiones y ordenó que estos recursos deben reflejarse no solo en el ejercicio fiscal actual, sino de aquí en adelante (año con año) para garantizar el derecho a la jubilación.
En el caso de la pensión de López López, el Poder Judicial deberá cubrirla, pero el Congreso queda vinculado a darle la suficiencia presupuestaria. La misma instrucción se aplicó para dotar de recursos a la fiscalía para cubrir la pensión de Figueroa Vázquez.