Para la activista Juliana García Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, las recientes marchas ciudadanas para oponerse a un eventual aumento en el precio del transporte público en Morelos, son una manera legítima de reclamar derechos, pues dijo: “Gobierne quien gobierne los derechos se defienden”.
Invitó a la gobernadora a que busque una buena asesoría y la experiencia de otros estados donde el transporte es de mejor calidad, el costo del pasaje es diferente y el trato a los usuarios es digno: “El llamado es, que si de verdad se trata de un gobierno diferente es que debe haber una municipalización del transporte lo cual significaría mejorar las unidades, el servicio y ayudar a la población a incluso tener un costo menor”.
Recordó que un importante número de familias en Morelos utilizan transporte público todos los días al menos en dos ocasiones, por lo que el aumento, así sea mínimo, representaría una lesión a la economía de los que menos tienen, además de que estarían pagando por un servicio que “ni siquiera es bueno”.