La otrora Contralora en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, América Berenice Jiménez Molina tramitó un amparo por temor a ser detenida ante una probable orden de aprehensión liberada por jueces del Sistema Penal Acusatorio con sede en Atlacholoaya.
“Se admite la demanda de la persona quejosa contra actos del Juez de Primera Instancia Especializado en actos de Investigación del Sistema penal Acusatorio en el Estado con sede en Xochitepec, y otras autoridades”.
Para la celebración de la audiencia constitucional se señalaron las 12:00 horas del 11 de septiembre de 2025, a la par que inició el trámite del incidente de suspensión, el cual se resolverá el seis de agosto de dos mil veinticinco.
Sus antecedentes
A pesar de haber sido parte de la comisión de transición del gobierno saliente, el historial de Jiménez Molina está marcado por señalamientos graves.
Desde su nombramiento, enfrentó cuestionamientos por un presunto incumplimiento del requisito legal de tener una residencia mínima de ocho años en Morelos: En abril de 2021, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) inició un proceso judicial en su contra por la violación de la Constitución y la presentación de documentos falsos. A pesar de la contundencia de las acusaciones, en mayo de 2021, un juez de Control, Ramón Villanueva, rechazó vincularla a proceso en el caso del supuesto ejercicio ilícito del servicio público relacionado con la acreditación irregular de su residencia.
Personal de la Contraloría la denunció por acoso laboral, corrupción, prepotencia, explotación y hasta la baja ilegal de salarios. Incluso se manifestó un “total desconocimiento sobre la operatividad de la oficina”, sugiriendo que su posición se debía a su parentesco con la familia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Las imputaciones contra la excontralora, escalaron a acusaciones de extorsión, donde se le señalaba de exigir cantidades económicas a presidentes municipales y servidores públicos del primer nivel a cambio de evitar sanciones administrativas o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
