Ricardo Almanza Guerrero.
El cierre de la planta armadora en Morelos de la empresa japonesa Nissan tras más de seis decadas de operación, es el reflejo de varios factores que se deben considerar y tomar en cuenta para comprender que llevo a tomar dicha decisión que consigo generará impactos trascendentales económicos y sociales locales en la región.
Lo primero que debemos considerar es que en las últimas decadas se ha ido generando una evolución en los sistemas de producción global, en especifico de la industria automotriz con China consolidándose como el país con mayor producción de autos, en el que nuestro país se ubica en el sitio número 7 pero que inició el 2025 respecto a el año anterior con una reducción del 13.7% en sus exportaciones de autos ligeros, lo anterior de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado por el INEGI. Esto debido a multiples factores como la incertidumbre financiera por la guerra arancelaria y las reglas de origen del TMEC propiciadas por la actual administración de Donald Trump, la escazes de semicondictores, el cambio en la demanda con patrones de consumo distintos y la reducción de la inversión extranjera directa en el sector principalmente de EEUU, Alemania y Japón, en el que este último país Nissan planea reducir para el año fiscal 2027 el número de sus plantas de fabricación a nivel mundial de 17 a 10, como parte de un plan de reestructuración más amplio llamado “Re:Nissan”, en el que incluye también una reducción de costos y de plantilla laboral.
Este martes 29 de julio ha quedado claro que la planta de Nissan ubicada en CIVAC en Morelos se contempló en esta reducción, y es que aunado a los factores globales anteriores se suman varias situaciones internas y locales que descinsentivan al sector empresarial, entre ellas; una reforma judicial que generó incertidumbres en su proceso y preocupaciones sobre la garantía del acceso a la justicia ante la corrupción sindical, una infraestructura precaría con vías de comunicaciones obsoletas, y condiciones de inseguridad en el que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, y reportada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, en el cuarto trimestre de 2024 con el 90.1%, Morelos fue la entidad con la mayor percepción de inseguridad en todo el pais.
Los mayores afectados con lo anteriormente expuesto serán las familias de los más de 9 mil empleos directos e indirectos que generó esta planta y que con esta decisión han quedado en la incertidumbre del desempleo, más allá de un acompañamiento y vigilancia gubernamental de que se cumpla un proceso de liquidiación conforme a derecho, urge generar una estrategía intergubernamental profunda a corto, mediano y largo plazo que evite una situación en cascada ante los retos y desafios que exigue el contexto global.
Muchos temás estarán sobre la mesa estos días tratando de explicar la fatidica noticia, pero lo cierto es que en la mesa de muchas familias morelenses estos razonamientos no mitigirán la zozobra e incertidumbre que es no contar con el sustento para cubrir las necesidades básicas de sus familias.