Miguel Melo González
Los actos de corrupción en México, cometidos por personajes ligados a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo en todos los niveles, son degradantes para el conjunto social, además de indignantes cuando quienes los cometen pretenden justificarse al decir que la corrupción es consustancial a los mexicanos. Así se han pronunciado en su momento, corruptas y corruptos que se apropiaron para su beneficio personal de recursos del país, al amparo de un nombramiento oficial.
“Un político pobre es un pobre político”, decía aquel priísta que hizo de los cargos públicos su mina de enriquecimiento ilícito y se enorgullecía de ello; Ernesto Zedillo, presidente que remató Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) y a cambio alcanzó un lugar en el consejo de administración de Union Pacific, la empresa estadounidense adquiriente, con desprecio llamaba globalifóbicos a mexicanos inconformes con las privatizaciones.
El presidente panista Vicente Fox, se negó a pagar el impuesto sobre el producto del trabajo (ISR), mientras él y su familia elevaron ostensiblemente su riqueza en el periodo de su sexenio; el también panista Felipe Calderón, con descaro ofreció en su periodo todo tipo de facilidades a empresas españolas para invertir en la industria eléctrica, a cambio fue incorporado como miembro independiente en el consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de la española Iberdrola; su secretaria de Economía, Georgina Kessel, obtuvo el cargo de consejera en la misma empresa.
Enrique Peña fue señalado como representante de un periodo de alta corrupción. La publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, fue la mención más notoria de esa práctica de 2012 a 2018, sin ser la única de abuso, saqueo y privatización de recursos naturales, materiales y económicos de la nación. El reportaje reveló que Peña Nieto poseía una casa con un valor de 7 millones de dólares. La residencia fue construida por Grupo Higa, empresa ganadora de la licitación del tren México-Querétaro y constructora de varias obras en el estado de México, durante el mandato de Peña.
Otro escándalo en ese periodo de podredumbre del gobierno mexicano fue La estafa maestra, una operación de corte delictivo que ejerció recursos federales en un programa que presuntamente se creó para combatir el hambre en poblaciones de alta marginalidad. Los recursos se triangularon con instituciones de educación superior públicas, que contrataron servicios con empresas inexistentes. El recurso económico retornó a funcionarios federales, una estafa de más de 5 mil millones de pesos. Varios ex funcionarios federales estuvieron en prisión o fueron consignados; sin embargo, el dinero público nunca se recuperó.
Transcurría en ese periodo en Morelos, un gobierno estatal cuyo titular también fue señalado por actos de corrupción. En 2019, el entonces consejero jurídico del gobierno de la entidad, Samuel Sotelo Salgado, hoy secretario de Gobierno encargado del despacho del gobernador, encabezó la presentación de varias decenas de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), contra ex servidores públicos de la administración de Graco Ramírez, por presunta malversación de recursos.
En el mismo año, Cuauhtémoc Blanco, quien era gobernador de Morelos, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), a su antecesor Graco Ramírez, a su esposa, a su hijastro y a quien fue su secretario de Administración, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. En fechas recientes han sido vinculados a proceso penal, Jorge Michel Luna y Armando Sanders de Mendoza, ex secretario de Hacienda y ex tesorero, respectivamente, en la administración de Graco Ramírez, por peculado y ejercicio abusivo de funciones.
La corrupción se extiende a todo lo largo del territorio nacional, es amplia la lista de ex gobernadores investigados por beneficiarse de los recursos de distintas entidades: Javier Duarte, en Veracruz (PRI); Roberto Borge, en Quintana Roo (PRI); Eugenio Hernández Flores, en Tamaulipas (PRI); Humberto Moreira, en Coahuila (PRI); César Duarte, en Chihuahua (PRI); Rodrigo Medina, en Nuevo León (PRI); Andrés Granier, en Tabasco (PRI), entre otros.
Legisladores de distintos partidos arrastran el señalamiento de cobrar por sus “servicios”, en la obtención de recursos económicos destinados a obras en las entidades que dicen “representar”; en cuanto al Poder Judicial, en México sabemos que desde un policía, pasando por ministerios públicos, jueces y toda la pirámide de nombramientos de este poder cobran a la ciudadanía por su intervención, realizar un trámite, gestión o verse involucrado en un asunto del ámbito de procuración o impartición de justicia, tiene un elevado costo por encima de las posibilidades económicas de la mayoría de la población.
En 2018, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, estimó al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal, que la corrupción en México equivale hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que un año antes había sido de 21.9 billones. Ese porcentaje nos esquilman las y los corruptos en los poderes públicos, a 130 millones de mexicanos.
Lejos de aminorarse esta práctica, los representantes de los partidos políticos continúan con esta ruindad: ejemplo de ello es lo que se conoce como el cartel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, donde alcaldes panistas de esa demarcación y funcionarios a su servicio, han permitido la construcción de torres de departamentos de manera irregular, al violar el reglamento de construcción, a cambio de propiedades inmuebles, lo que según cálculos de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, las ganancias obtenidas ascienden a más de siete mil millones de pesos.
Ahora se sabe que una señora intelectual, mediante tráfico de influencias, recibe de Pemex una pensión vitalicia por 125 mil pesos mensuales, a partir de 2004, tras la muerte de su esposo, quien contaba con una antigüedad laboral de tan sólo cuatro meses. La pensión que obtuvo esta señora, según consta en un documento expedido por la empresa, expira hasta el año 2999. Sin duda un escándalo más de corrupción en las esferas del sector público.
Si los mexicanos estamos decididos en avanzar en erradicar la corrupción, es de primer orden una reforma constitucional en los tres poderes de la unión, dotarnos de un marco legal que regule la conducta, la previsión y las sanciones contra la corrupción, dado que representa una sangría importante ante cualquier programa de fomento económico y bienestar de la sociedad. Los recursos que se llevan las y los corruptos bien pueden reforzar la creación de infraestructura necesaria para dinamizar los distintos sectores sociales y económicos.