Miguel Melo González
Durante la Segunda Guerra Mundial y una vez finalizadas las hostilidades, México se encontró ante la posibilidad de fomentar su actividad industrial, entrando así a una etapa de producción de manufacturas a gran escala, para lo cual se requirió de cuantiosa inversión para instalar plantas industriales sobre todo en las principales ciudades. Este proceso reclutó gran cantidad de trabajadores que paulatinamente derivaron en gremios: lecheros, ferrocarrileros, electricistas, transportistas, obreros de distintas ramas, etcétera.
Surgen así numerosos sindicatos que el nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI) incorpora a sus integrantes en calidad de nuevo sector, de ahí proviene que los sindicatos afiliados al partido tricolor son organizaciones corporativas en beneficio del fortalecimiento de una política partidista creada desde el gobierno federal.
De ese modo el sindicalismo priísta cumplía el propósito de controlar a los gremios en ruta con el principal proyecto derivado del proceso de industrialización: facilitar a los nuevos inversionistas nacionales y extranjeros la acumulación de capital. En ello la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera creada en 1936, desempeñó un papel protagónico con la figura de Fidel Velázquez al frente, quien se apropia de la dirección a partir de 1941.
El gobierno federal complementó el proceso de industrialización ofreciendo facilidades a la inversión: exentó temporalmente el pago de impuestos a unas empresas y a otras les condonó la contribución permanentemente. Este proceso se fue aceitando hasta que la relación entre el capital y la fuerza laboral entraron en contradicción.
Primero fueron los trabajadores ferrocarrileros en 1958, quienes protestaron por las condiciones de trabajo en las empresas del sector, la CTM se hizo a un lado y el gobierno federal reprimió a los trabajadores encarcelando a líderes. El movimiento ferrocarrilero es el primer gran signo de contradicción económica de la industrialización en México y el Estado mexicano puso en evidencia el respaldo a los intereses del capital sobre los trabajadores.
Al intensificarse la producción industrial vino consigo un crecimiento económico de 6 por ciento en promedio durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado; en apariencia la clase trabajadora elevó su nivel de vida al construirse grandes obras carreteras, en las ciudades se diversificaron las fuentes de empleo, se construyó equipamiento para la población como escuelas, hospitales, unidades habitacionales, entre otras obras.
Sin embargo, la falta de libertades contenía el descontento social provocado por la desigualdad que provenía y se reflejaba en lo económico. En 1968, el movimiento de estudiantes se amplió hasta convertirse en un frente social en demanda de libertades políticas, el gobierno federal respondió con una criminal respuesta en contra de la población en general. 1968 representa el quiebre político en la relación gobierno sociedad.
En la década siguiente se hace presente el derrumbe del sistema económico con la devaluación de la moneda, una inflación sin freno, pérdida de empleos por fuga de capitales nacionales y extranjeros, y la aparición de una descarada corrupción en todos los poderes de la unión y en todos los niveles gubernamentales.
Ante la crisis el gobierno mexicano tuvo la ocurrente salida de privatizar la planta industrial y agroindustrial propiedad de la nación, con lo que dio inicio una insultante corrupción pues el proceso de desincorporación de bienes benefició la aparición de una nueva burguesía que contó con el privilegio otorgado por las administraciones gubernamentales, legislativas y judiciales de 1988 hasta 2018.
Se privatizaron a precios y oportunidades de ganga los ferrocarriles, la compañía de teléfonos, una televisora, se concesionaron minas, pozos petroleros, servicios públicos, se desapareció una compañía de energía eléctrica y la otra fue descuartizada para beneficio de nuevos concesionarios, se privatizaron y luego se “rescataron” ingenios y carreteras siempre en beneficio de empresarios. El gobierno federal en manos del PRI y posteriormente del PAN, lucraron en su beneficio con esa feria de privatizaciones.
De 1982 a 2018 el promedio de crecimiento económico en el país fue de 2.5 por ciento, en tanto en el mismo periodo surgieron personajes multimilmillonarios, incluidos ex mandatarios, ex legisladores y miembros del Poder Judicial. Ese periodo fue sumamente ofensivo y empobrecedor para millones de mexicanos, más de 50 millones cayeron en pobreza y 10 millones vivían en pobreza extrema.
Responsabilidad directa tuvieron quienes participaron desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serían merecedores de abrirles un expediente judicial en su contra; sin embargo, por salud de la nación y porque actualmente el Poder Judicial no es confiable para millones de mexicanos, en el presente sexenio se eliminó tal posibilidad, en el supuesto que los mexicanos nos meteríamos en un canal de aguas negras, en vez de iniciar la regeneración del país.
Este 2024 nos encontramos ante la posibilidad de avanzar en una política económica de bienestar, de reformar los poderes que por su corrupción son un obstáculo para la democracia, y de refrendar el rechazo a actores políticos y partidos causantes de la debacle.