En el tercer día de este año 2026, el presidente EEUU Donald Trump cumplió su amenaza de realizar una incursión militar en territorio venezolano y arrestar a su presidente Nicolas Maduro.
Esta acción fue gestándose desde que Trump firmo la Orden Ejecutiva en el que designo a los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, acto seguido a finales de agosto del año pasado iniciando la “Operación Resolución Absoluta”, la cual aumentó la presencia de tropas navales en el sur del mar Caribe cercano a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, para posteriormente en noviembre pasado incluir al cartel de los soles como organización terrorista extranjera, subrayando que de esta organización criminal las autoridades estadounidenses han señalado como su dirigente al mandatario venezolano, algo que Maduro negó insistentemente, ofreciendose en su momento una recompensa de US$50 millones por información que condujera a su captura.
Fue así como se preparó el terreno para que Trump apegado a su fiel estilo personalista de gobernar no le fuera necesario la aprobación del congreso para llevar a cabo esta acción, ya que como comandante en Jefe y al no ser una declaración de guerra el Presidente de EE.UU tiene la autoridad inherente para usar la fuerza militar en defensa de la seguridad nacional y para responder a ataques inminentes sin la aprobación previa del Congreso. Resaltando que la administración de Trump consideró el fentanilo ilícito como una Amenaza grave a la Seguridad Nacional y “Arma de Destrucción Masiva” debido a la crisis de salud pública y las muertes masivas por sobredosis que causa.
Sin embargo esta acción unilateral por parte del presidente Trump en la que ingreso una operación militar a territorio venezolano bombardeando diversas instalaciones estratégicas y capturando al presidente Maduro y a su esposa Cilia Floras, es una acción flagrante de una violación al derecho internacional, ya que una intervención militar en otra nación bajo el uso de la fuerza, solo se legitima en defensa propia, o por resolución del consejo de seguridad de Naciones Unidas, no aplicando ninguna de ellas en este caso.
Lo más grave de esta situación es que sin considerar ninguna norma multilateral, ni forma diplomática alguna, la política exterior de Donald Trump ha mostrado a la comunidad internacional y a la región latinoamericana su fuerza por encima del derecho, afirmando que será Estados Unidos quien dirigirá a Venezuela, hasta que haya una transición segura, asumiendo de facto el control del país, descalificando por completo a la oposición venezolana, como a Corina Machado recién galardonada con el premio nobel de la paz, de quien Trump asevero que no tiene “el apoyo y el respeto” para gobernar Venezuela.
Luego entonces todo el peso y presión recae en la figura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien a falta expresa del presidente en funciones tendrá que asumir las riendas del poder ejecutivo conforme a la constitución vigente de 1999, bajo la amenaza de un Donald Trump que le advierte que “si no actúa bien le ira peor que a Maduro”, pese a declarar que ella tiene “lo que creen necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”.
Tras lo anterior y dados los antecedentes injerencistas EEUU en la región como lo fue en Panamá en 1903 y 1989, Nicaragua 1912, Guatemala 1954, Cuba 1961, Brasil 1964, Republica Dominicana 1965 y Chile en 1973, dando paso esta última a la dictadura de Augusto Pinochet, en estos momentos es aún muy prematuro declarar una victoria hacia la justica social en Venezuela, bajo el argumento del derrocamiento de un presidente que se enquisto en el poder ante la falta de transparencia democrática, limitando libertades sociales, generando así una de las mayores crisis económicas y migratorias de una nación en la que se anuncia hoy una ocupación por el control de su recurso más valioso que es el petróleo, situación que se asemeja más a una dominación a través del “Hard Power” EEUU, el cual advierte al mundo y especialmente a los países de la región latinoamericana incluyendo a México, la amenaza de un liderazgo como el de Trump, el cual dicta las reglas en un sistema internacional que desvanece el multilateralismo sin contra pesos reales de las instituciones y organismos internacionales.
MTRO. RICARDO ALMANZA GUERRERO.