Miguel Melo González
En los años 50 y 60 del siglo pasado, el Estado mexicano se decanta por una clase económica en ascenso, tras la contracción militar en los principales mandos de un nuevo gobierno encabezado por civiles bajo la conducción y estilo de Miguel Alemán, los nuevos poseedores de riqueza provenientes de los sectores empresariales de aquel entonces, resultaron ser los beneficiarios de una casta gobernante cuyo principal objetivo fue acomodarse como miembros de esa nueva clase dominante.
Todo político de aquellos tiempos y sus descendencias atesoraron grandes fortunas y se convirtieron en empresarios de alta escala, como sucedió con el propio Miguel Alemán y su descendencia; Carlos Hank González, sus hijos, y otras familias de políticos que ocuparon cargos públicos para su beneficio personal y el de varias de sus generaciones de descendientes.
Su atesoramiento y ascenso político coincidió en el tiempo con la desaparición de la política bipolar mundial que dio paso al neoliberalismo, lo cual trató del desmantelamiento del aparato productivo social y público para beneficio de castas políticas y clases sociales que dieron inicio a un proceso de depredación de los bienes nacionales a precios de ganga, que trajo consigo el encumbramiento de una calase social altamente poderosa y corrupta ante una población saqueada y depauperada.
Transcurrieron varias décadas antes de llegar a 2018, año en que la mayoría de la población mexicana decidió en una elección pacífica y democrática, rechazar a esa casta de políticos corruptos para dar paso a una nueva era de transformación en aspectos medulares y de interés mayoritario: disminuir la desigualdad, combate a la corrupción y la impunidad, retorno a la defensa nacionalista de la soberanía, entre otros.
De ese año hasta nuestro días, la aplicación de una nueva política económica no significa un régimen distinto al capitalismo, por el contrario lo ha hecho más expedito al dar viabilidad a un mercado interno que se mantenía contraído; tampoco se propone expropiar bienes ni patrimonios.
Se trata, eso sí, de acabar con los privilegios, la discriminación, la ausencia de democracia en los asuntos de interés público, de que todos contribuyan a fortalecer los recursos de la nación, acabar con el saqueo de los bienes nacionales, que políticos y toda o todo aquel saqueador regrese lo que no es suyo y pague conforme a derecho.
Desaparecer los privilegios a favor de empresarios beneficiarios de la corrupción, de la prensa que cobra por callar o por hacer servicios al poder político a cambio de recompensas en económico o en especie, que se combata toda acción que en vez de servir a la nación se sirva de ella.
Tal vez no todo esto sea suficiente para quienes consideran ir más allá en esta etapa de la transformación, pero la situación la complicarían los grupos conservadores si se endurecen las medidas. Recordemos la inconformidad de la banca a principios del sexenio, tan sólo por mencionar que son excesivas las comisiones que cobran al operar en México, o el petate del muerto que inventó la Iglesia, empresarios y prensa con los nuevos libros de texto al afirmar que se trata de doctrina comunista. La participación social será catalizador en el avance de la transformación.