Por: Dr. Adrián Román Hernández
La reciente reforma constitucional en México que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha generado un intenso debate, esto es, si dicho paso implica o no la militarización en la seguridad pública en este país. Para tal efecto, se reformaron varios artículos de la Constitución, incluyendo el artículo 21, que define la naturaleza y atribuciones de la Guardia Nacional bajo dicha Secretaría. Esto fue parte de un conjunto más amplio de reformas que también afectaron otros artículos, como el 13, 16, 31, 35, 36, 41, 73, 89, 99, 123, y 134, a fin de “blindar” dicha reforma a cualquier impugnación constitucional.
Cabe recordar que la Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de seguridad pública profesional, con el objetivo de combatir la violencia y la delincuencia organizada, sin embargo, dicho artículo ahora reformado, señalaba expresamente que tenía que estar bajo un mando civil, esto es dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La idea original era que, aunque estuviera compuesta en gran parte por elementos militares, su dirección y operación diaria fuera bajo el mando civil. Es decir, en pocas palabras no estaba adscrita a la Secretaría de la defensa nacional para distinguir la función policial con la función propiamente militar. Con la reforma, esta situación ha cambiado y ahora la guardia nacional se encuentra bajo el control directo de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrándose plenamente con las fuerzas armadas,
De acuerdo al dictamen aprobado, esta medida facilita la coordinación entre las fuerzas armadas y la seguridad pública, permitiendo una mayor intervención militar en la lucha contra el crimen. Además, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior. En pocas palabras es reconocer que la militarización de la seguridad es necesaria para combatir la violencia que nos asfixia, la reflexión es ¿la guardia nacional ha servido a la fecha para combatir la delincuencia?, ¿se han fortalecido las policías “civiles” para mejorar la seguridad pública?, usted tiene la mejor opinión. Por otro lado, sus detractores temen que esta medida pueda llevar a una mayor militarización del país y a una erosión de los derechos humanos, pues obviamente los militares no están entrenados propiamente para labores de seguridad pública.
En los próximos meses, se espera que se observe un impacto significativo en la seguridad pública, con un aumento en la presencia militar en las calles y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también será crucial monitorear los efectos a largo plazo y asegurar que se respeten los derechos humanos y la legalidad en la ejecución de esta reforma, ya han empezado los casos graves de violaciones a derechos humanos.
En resumen, la reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional a la SEDENA es un paso significativo en la política de seguridad de México, confirma el modelo previamente de seguridad pública y de forma importante antes de la reforma, la suprema corte de justicia de la nación declaró inconstitucional dicha intención de militarización y en consecuencia fue el inicio de las fricciones con el entonces titular del ejecutivo federal y dicho poder judicial.