De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso local deberá aprobar en este mes de diciembre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que el gobierno de la entidad ejercerá en 2024. Para tal efecto, representantes gubernamentales y legisladores trazan acuerdos para cumplir constitucionalmente la encomienda.
Ha trascendido que el Congreso rechazó el intento gubernamental por gravar adicionalmente el impuesto a la nómina. En este caso parece correcta la posición de las y los legisladores, pues en la actualidad un principio económico es hacer rendir los presupuestos sin aumentar impuestos, mediante una planeación orientada al bienestar de la mayoría de la población.
Lo anterior requiere que el gobierno de la entidad se ocupe en el último tramo de su periodo en incrementar los recursos para el bienestar social, pero lo mismo se pide al Congreso. A este último se señala por auto asignarse más de 400 millones de pesos de manera discrecional, injustificable y sin transparencia.
Para el bienestar social también habría que decretar una disminución presupuestal a los partidos políticos, es bien conocido que las directivas de estos organismos se benefician de esos recursos, además del provecho personal con el reparto de candidaturas.
Es improbable que por sí mismos legisladoras y legisladores se sacrifiquen económicamente y decidan hacer lo mismo con sus respectivos partidos políticos; la única opción viable es que la sociedad se organice y exija restar presupuesto al Congreso y a partidos, y destinar los recursos a programas de bienestar.
Visto está que ser legislador o integrante de la cúpula de algún partido no es la única vía para acumular poder y riqueza. De acuerdo con una reforma Constitucional regresiva aprobada en 2014, a partir de las siguientes elecciones en 2018, es absolutamente legar en México la reelección de legisladores federales y estatales, así como la de presidentes municipales.
Hoy no es casual que 467 de 500 diputados federales y 88 de 128 senadores omitan que la no reelección fue uno de los postulados revolucionarios en la Constitución de 1917, lo mismo sucede con legisladoras y legisladores locales morelenses y presidentes municipales que pretenden repetir en el puesto que hoy ostentan.
En 2014 el pretexto con el que fue aprobada la reforma Constitucional regresiva, fue dar oportunidad de reelección a legisladores y presidentes municipales, con el fin de profesionalizar su actuación y dar más tiempo a culminar obras y programas iniciados durante el periodo de su gestión o administración anterior. Falso resultó ese argumento.
Miembros del Poder Legislativo federal, local de Morelos y en las presidencias municipales, personajes de casi todos los partidos no solamente han incumplido con la pregonada profesionalización de sus actividades, sino que han aprovechado la oportunidad para enquistarse en cargos públicos.
Lo anterior debía ser punto de partida para reflexionar acerca de desaparecer la reelección, pues traiciona un principio revolucionario y permite la prolongada permanencia de personajes facciosos, corruptos y antidemocráticos en el Poder Legislativo y en presidencias municipales de Morelos.
Miguel Melo González