Un capítulo más se agrega al escandaloso caso conocido como la estafa maestra, un acto de corrupción cometido desde las más altas esferas del oficialismo en el sexenio del gobierno priísta encabezado por Enrique Peña Nieto.
La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien apenas hace unas semanas atrás había conseguido de un juzgado de control la absolución de su responsabilidad en el caso mencionado, volverá a ser sometida a investigación por orden del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal en la Ciudad de México (CDMX).
Así se resolvió tras la promoción de un amparo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que acusa a la ex funcionaria federal de ejercicio indebido del servicio público y del desvío de más de 5 mil millones de pesos durante el mandato de Peña Nieto.
Al suspender el fallo absolutorio en favor de Robles Berlanga, el primer tribunal colegiado de apelación penal de la CDMX, indica que “se suspende de plano la ejecución de la citada resolución (absolutoria) y se ordena emplazar a las partes”; es decir, además de revocar la sentencia de absolución, la ex funcionaria tendrá que responder nuevamente ante las acusaciones de la ASF y serán los magistrados quienes decidirán si se confirma, modifica o revoca el fallo que absolvió a la ex secretaria de Sedesol y Sedatu.
Además, Rosario Robles tiene pendiente una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante la cual ha conseguido una suspensión definitiva que impide su detención.
Entre tanto recoveco que implica la aplicación de la ley, los más de 5 mil millones de pesos que fueron desviados del erario público, según la acusación de la ASF, no aparecen por ningún lado y todo parece indicar que se han esfumado. Los mexicanos una vez más han sido saqueados por un régimen que alcanzó altos niveles de putrefacción en todos sus poderes, donde la corrupción se volvió signo distintivo.
Con las reformas recientes a la ley, ahora los actos de corrupción son considerados delito grave, pero modificar la ley no basta si funcionarios públicos, ex funcionarios públicos o particulares se escabullen de las condenas y prevalece la impunidad. Uno de los asuntos pendientes por resolver es que los actos que atentan contra el patrimonio de la nación, sean resueltos con apego a la ley con la intención de resarcir recursos y daños ocasionados, sólo así se podrá cerrar el paso a la depredación en el ámbito público.
Miguel Melo González