Por: Dr. Adrián Román Hernández
Fecha: 28 de Octubre del 2025
Esto lo debe saber, la violencia entre estudiantes no es un problema aislado; es un síntoma que trasciende en aspectos legales. Ahora, el acoso escolar se manifiesta como violencia física, verbal, psicológica, acoso sexual, exclusión social y ciberacoso, con mayor frecuencia en secundaria y entre adolescentes de 12 a 15 años.
Las organizaciones civiles muestran que el acoso escolar está ampliamente extendido en México y con perfiles diferenciados por nivel escolar y grupo poblacional, se calcula un impacto económico y sanitario anual importantes. El tema es que va en incremento, ¿conoce usted si la escuela de su hijo (a) cuenta con un protocolo para ello?, le explico las instituciones educativas tanto públicas como privadas tienen la obligación legal y administrativa de prevenir, detectar y atender el bullying, aplicar protocolos internos y derivar a las autoridades competentes cuando corresponda. La omisión o minimización de casos puede generar responsabilidad administrativa y civil para el plantel, así como perjuicios irreparables para las víctimas, con mayor relevancia pues son menores de edad. Las buenas prácticas escolares deben combinar políticas claras, formación docente en atención socioemocional, protocolos de denuncia impartidos con transparencia y medidas restaurativas y de protección para las víctimas.
Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres o tutores de los menores?, primero deben documentar y reportar incidentes, exigir la activación de protocolos escolares y participar en procesos de reparación y seguimiento psicológico cuando sea necesario. La prevención requiere educación socioemocional en el hogar, alfabetización digital y la ruptura de la cultura del silencio que protege al agresor y retraumatiza a la víctima. Por otro lado, el ciberacoso como extensión del entorno escolar exige colaboración con plataformas tecnológicas para medidas preventivas y de denuncia rápida, de allí que es una gran responsabilidad para los padres el que sus hijos (as) cuenten con redes sociales, videojuegos e inclusive con teléfonos celulares inteligentes.
Ahora, en estos casos inclusive graves como golpes, burlas, aislamiento, que tengan como efecto ansiedad, depresión y estrés postraumático, el juicio de amparo indirecto es una alternativa complementaria ante deficiencias de las escuelas e inclusive de los padres o tutores. Por tanto, el Juez debe otorgar una suspensión que tiene como efecto la protección inmediata de la vida y la salud mental del menor si sigue estudiando allí, por lo que la escuela debe otorgar protección y seguridad, así como investigar y sancionar a los responsables de las agresiones verbales y físicas que ponen en riesgo su integridad, cometidas dentro de las instalaciones educativas. Dicha suspensión debe otorgarse cuando dicha situación le genere estrés, trauma o enfermedad mental aun cuando no se solicite, Ahora el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura prevé que el maltrato mental, con la intención de castigar o anular la personalidad de la víctima o de disminuir su capacidad física o mental, constituye tortura o un trato cruel o degradante.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo determinó al resolver la contradicción de tesis 255/2021, sostuvo que en el juicio de amparo es factible conceder la suspensión de plano contra actos que si bien no están prohibidos por el artículo 22 constitucional, por sus efectos pueden equipararse a alguno de los ahí previstos, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, como la vida o la integridad física, psicológica o mental y emocional de las personas.
Por tanto, el derecho mexicano reconoce que el juicio de amparo es una herramienta valiosa en estos casos, que existe el deber de las escuelas y del Estado de no solo educar, sino proteger. Porque cuando el acoso escolar destruye, la indiferencia institucional y de los padres también tortura CARPE DIEM.