El Congreso Local ya recibió la notificación oficial del Poder Judicial para emitir un nuevo acuerdo respecto al juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez, promovido en 2019 por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA, Rafael Reyes Reyes, confirmó que el Congreso Local, ya fue notificado “de manera oficial” –la tarde de este lunes–, el acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, que ordenó al Poder Legislativo de Morelos presentar un nuevo acuerdo fundado y motivado sobre la procedibilidad o no del juicio político que promovió en su contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en noviembre de 2019.
“Esto llegó la semana pasada, tengo entendido que de manera oficial, llegó la tarde de ayer en el Congreso del Estado, según nos dio a conocer el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local”, señaló.
Dijo que una vez teniendo el documento en sus manos, habrá de hacerse la revisión que corresponde y, posteriormente, sostendrá un encuentro con abogados y abogadas, para saber que la corresponde hacer a los legisladores y, en su caso, la Junta Política y de Gobierno emitirá un dictamen que se sometería ante el pleno.
Cabe recordar que en días pasados, el Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, por el que resolvió el amparo en revisión 560/2023 y ratificó el fallo del Juzgado Cuarto de Distrito en el juicio de amparo 673/2020, presentado por Graco Ramírez en contra de actos de la LIV Legislatura, en el que alegó la inviabilidad del proceso legislativo y la omisión de los diputados en algunos aspectos del juicio político.
El tribunal colegiado mantuvo la concesión del amparo otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito a Graco Ramírez, a efecto de que la Junta Política y de Gobierno de la actual legislatura, deje sin efecto el acuerdo del 14 de noviembre de 2019 por el que se radicó el juicio político en su contra y emita uno nuevo, debidamente fundado y motivado.
También considera que los entonces diputados de la Junta Política y de Gobierno de la LIV Legislatura no argumentaron las razones de la procedibilidad del juicio político como lo exige la fracción II del artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.