Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos, llevaron a tribunales seis concesiones mineras de oro y plata que ponen en riesgo el acceso al agua ya su proyecto de vida comunitario, además de representar racismo ambiental.
El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso.
La colectividad, conformada principalmente por mujeres e infancias con respaldo comunitario, busca proteger no solo el acceso a servicios básicos, sino también el uso y disfrute de sus ríos, cerros y áreas verdes que aún se conservan.
Estas concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance. Ante este escenario, el grupo de mujeres e infancias decidió acudir a la vía jurídica e interpuso en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras.
Actualmente, el juicio se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, donde se ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso. Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.
Con este proceso, la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes busca que su territorio vuelva a ser libre de minería, lo que beneficiaría no solo a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al estado de Morelos en su conjunto.
En el proceso se argumenta que la minería, al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, violando el derecho humano al agua y a una vida digna.
Asimismo, se señala que el proyecto de vida, se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera y finalmente, se sostiene que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.
“El proyecto minero que amenaza a la comunidad comprende seis concesiones con una extensión aproximada de 2,949.236 hectáreas, las cuales también impactan la zona arqueológica de Xochicalco. A la fecha, ya se han realizado actividades de exploración minera —como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones— que han generado daños e impactos ambientales en el territorio”, argumenta el movimiento.
