Por: Dr. Adrián Román Hernández
Fecha: 10 de Noviembre del 2026
La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Noviembre de 2026, busca de acuerdo a la versión oficial transitar a una economía más digital y bancarizada y por ello que las perdonas utilicen menos efectivo en sus pagos, eso parece algo positivo, pero ¿no será que se pretende lograr una mayor fiscalización de los movimientos bancarios de las personas?
El punto jurídicamente más delicado se encuentra en los artículos 13 a 16 de dicha Ley pues permiten que la Secretaría de Hacienda determine los “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” en los que los medios digitales pueden convertirse en la única forma de pago; dejando por ello a autoridades sectoriales la definición posterior de condiciones y transición. Lo anterior, lamentablemente deja a la discreción de la autoridad administrativa restringir entonces que operaciones deben ser o no digitales, lo que de entrada el legislativo cede otra vez ante el poder ejecutivo en definir que operaciones son de tal naturaleza, dejando a todos los ciudadanos a una decisión no de sus representantes populares, sino de quien ostenta el poder ejecutivo en turno.
Esto en términos constitucionales implica la violación al derecho humano de legalidad y audiencia, consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la ley al utilizar conceptos como “sectores estratégicos” y “actividades relevantes”, deja una parte sustancial de su determinación a autoridades administrativas. Por ello, el Congreso debió establecer directamente criterios suficientemente precisos sobre qué sectores pueden quedar sujetos a pago exclusivamente digital lo que nos preguntamos: ¿bajo qué circunstancias?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué excepciones deben existir?; ¿qué protección corresponde a personas sin acceso digital?, ¿qué costos pueden trasladarse al usuario?. Por ello, si la autoridad administrativa señala restricciones sustantivas que la ley no delimitó suficientemente, podría plantearse una violación a los principios de reserva de ley, subordinación jerárquica, legalidad y seguridad jurídica.
De la misma manera en relación con dicho artículo hay también riesgos en la privacidad y datos financieros, la digitalización incrementa el control fiscal y financiero del estado, usted confía que ¿van a cuidar su información financiera?. Un aspecto relevante es que dicha ley no concede por sí misma una autorización general al SAT, UIF, Ministerio Público u otra autoridad para consultar indiscriminadamente las cuentas bancarias.
Otro aspecto importante, es que afectaría los derechos de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1 de la Constitución, pues establece un trato diferenciado injustificado a las personas, lo que obviamente no tiene justificación constitucional alguna. Esto es, frente a los usuarios y los comerciantes al establecer una obligación general de utilizar exclusivamente pagos digitales, podría producir efectos nocivos ya que materialmente los que no tengan acceso adecuado a esos medios, esto es, que no tengan cuenta bancaria y por ello la imposibilidad de poder cumplir con dicha obligación. En ese mismo sentido, por cuanto hace los comerciantes afectaría el derecho humano de la libertad de comercio que se consagra en el artículo 5 de la Constitución, pues para los comerciantes tendrían la obligación de aceptar exclusivamente determinados medios electrónicos de pago, lo que generaría costos tecnológicos, comisiones etc., por tanto, dichas cargas no guardan una relación razonable con la finalidad perseguida.
En ese mismo sentido y artículo también implicaría una limitación para los trabajadores, ya que no tendrían la posibilidad en su caso de tener una libre disposición de su salario, pues si el comerciante no tiene un medio digital para recibir el pago y menos el trabajador, no sería posible disponer realmente de su salario. Esto, además, en términos del artículo 123 de dicha constitución.
También es importante señalar que la nueva ley no establece un límite general a los depósitos bancarios, no fija un monto máximo para transferencias SPEI, no limita de manera general los retiros y tampoco autoriza, por sí misma el congelamiento de cuentas bancarias. Es decir, no existe en esta ley una disposición que diga que una persona sólo podrá depositar, transferir o retirar determinada cantidad.
Los límites que actualmente existen en México para ciertas cuentas simplificadas, las reglas sobre depósitos en efectivo, los controles antilavado, el Monto Transaccional del Usuario —MTU—, las restricciones para determinadas operaciones en efectivo y las facultades de bloqueo de cuentas provienen de otros ordenamientos.
Entonces esta ley, ¿pretende desaparecer los pagos en efectivo?, la respuesta es no. Ahora transitar a una economía digital no es necesariamente restrictiva de derechos humanos, pero obligar a digitalizar sí puede convertirse en una restricción cuando una persona necesita una cuenta bancaria, un teléfono, conectividad, una aplicación o la intervención de un banco para realizar una operación que anteriormente podía efectuar con dinero en efectivo CARPE DIEM.