La diputada Cindy Winkler Trujillo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de fortalecer la protección de la salud pública, mediante el aumento de sanciones a quienes, de manera intencional o por negligencia grave, pongan en riesgo de contagio a otras personas con enfermedades venéreas u otras enfermedades graves en periodo infectante.
La propuesta plantea modificar el artículo 199 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer penas de tres a cinco años de prisión y hasta quinientos días de multa, en contraste con la legislación vigente que contempla sanciones de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.
La legisladora subrayó que el peligro de contagio constituye una amenaza directa a la salud y a la vida de las personas, por lo que es indispensable que la sanción sea proporcional al daño potencial. “No podemos permitir que conductas irresponsables o deliberadas que ponen en riesgo la salud de terceros queden con castigos insuficientes”, afirmó.
Asimismo, destacó que el incremento en las penas tiene un efecto disuasorio claro, tanto para actos intencionales como para conductas imprudentes, además de permitir a la autoridad judicial determinar la sanción conforme al grado de responsabilidad, la intención y la gravedad del riesgo generado.
La iniciativa también contempla una mayor protección para sectores en situación de vulnerabilidad, como niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, al reconocer que son más susceptibles a sufrir consecuencias graves derivadas de un contagio.
El proyecto, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, enfatiza que fortalecer el marco legal en esta materia contribuye a fomentar una cultura de prevención, responsabilidad y respeto a la salud colectiva, además de reducir riesgos de brotes epidemiológicos.
Finalmente, la diputada puntualizó que esta reforma se alinea con estándares internacionales en materia de salud pública y derechos humanos, incluyendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, consolidando así un marco jurídico más sólido para proteger la vida y la integridad de las y los mexicanos.