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Por nexos con el crimen organizado detención de alcaldes: FGR

En un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión contra servidores y exservidores públicos de Morelos, acusados de permitir la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales.

De acuerdo con Ulises Lara López, vocero de la FGR, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revelaron un esquema de corrupción, en el que se vieron involucrados diversos alcaldes, exediles y otros personajes morelenses, a fin de proteger a grupos delictivos en la región.

Entre los detenidos destacan Agustín “N”, actual presidente municipal de Atlatlahucan, e Irvin “N”, exalcalde de Yecapixtla, además de otros cuatro actores políticos identificados como Arisbel “N”, Pablo “N”, Horacio “N” y Jonathan “N”.

La autoridad federal identificó que grupos delictivos penetraron las administraciones municipales mediante el financiamiento de las campañas de candidatos que hoy ocupan cargos públicos.

La indagatoria incluye material mediático donde se observa a los alcaldes electos de Cuautla y Atlatlahucan en reuniones con Júpiter “N”, alias “El Barbas”, presunto líder de una organización delictiva.

Los señalados enfrentan cargos por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Además de que se detectó el uso de tácticas coercitivas para amedrentar a actores políticos contrarios, facilitando así la obtención de “permisividad y libertad” para operar ilegalmente.

La FGR vincula directamente esta infiltración con la ola de violencia que azotó a la entidad en 2024, incluyendo delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo y secuestro. Asimismo, las líneas de investigación robustas conectan estas estructuras con los asesinatos de exalcaldes ocurridos en 2022 y 2023, así como agresiones contra aspirantes en el pasado proceso electoral.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en Hermosillo, Sonora, donde se definirá su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia.