En un intento por contener lo que califica como “aseveraciones totalmente falsas”, el exedil de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, emitió una aclaración pública frente a los señalamientos de un presunto desvío de 60 millones de pesos durante su administración.
Con un comunicado de prensa, el morenista busca la mera justificación social.
Según el exfuncionario, el hecho de no haber suspendido el pago de salarios, aguinaldos, proveedores o servicios públicos es prueba suficiente de una gestión honesta y apela al cumplimiento de las obligaciones patronales y contractuales mínimas para proyectar una imagen de solvencia moral.
Un punto clave en la postura del exedil es la contradicción sobre el estado de las auditorías: Mientras afirma que todas las observaciones fueron “atendidas y solventadas oportunamente”, reconoce que los procesos de fiscalización “aún contemplan etapas legales pendientes de conclusión”.
En el texto, Arredondo utiliza el debido proceso como un escudo para deslegitimar el escrutinio periodístico y social. Su postura es clara: nadie puede llamarlo culpable mientras el proceso no termine, una verdad jurídica que él estira para intentar silenciar el debate público sobre el destino de los 60 millones cuestionados.
El comunicado cierra con un tono casi moralista, apelando a su “tranquilidad” personal y a una “convicción” de transparencia. Sin embargo, más allá de asegurar que tiene la documentación necesaria, el exalcalde no presenta datos específicos que desmientan técnicamente el monto del presunto desvío, limitándose a prometer una “colaboración absoluta” con las autoridades.