Tras haber permanecido 25 años y un mes privada inmerecidamente de su libertad por un delito grave fabricado mediante tortura sistemática, María Luisa Villanueva Márquez enfrenta una etapa decisiva en su histórica exigencia de justicia.
El inicio del periodo de alegatos, interrogatorios y audiencias ante el juzgado penal de Atlacholoaya representa un hito fundamental para la comprobación científica e institucional de su inocencia.
Este proceso legal no solo busca limpiar de manera definitiva su nombre tras décadas de impunidad, sino que se perfila como la coyuntura que abrirá la puerta para revisar las carpetas de muchas otras víctimas a quienes el extinto grupo «antisecuestro» del Gobierno estatal de Jorge Carrillo Olea les inventó cargos bajo métodos de extrema violencia institucional a finales de la década de 1990.
La relevancia de esta fase procesal radica en la comparecencia ante los tribunales de dos expolicías vinculados de forma directa con la detención arbitraria y la tortura ejercida en su contra. Uno de ellos, fue el jefe directo de la unidad policial en 1998; por lo que la defensa y la propia víctima exigen máxima transparencia.
«Me obligaron a firmar y a firmar muchos documentos para que de alguna manera me dejaran de torturar, pero aun así me seguían torturando».
Con esta etapa, sostuvo María Luisa Villanueva, «marcaremos un precedente en esto del reconocimiento de inocencia en la fabricación de delitos… para otras personas que también están en prisión y que también se les fabricó un delito del cual también vivieron tortura y no han podido avanzar en sus casos».
El inminente periodo de alegatos y audiencias no solo brindará luz sobre los autores materiales e intelectuales del delito fabricado contra María Luisa Villanueva, sino que constituirá la prueba irrefutable de cómo la tortura fue empleada como mecanismo de Estado, marcando una pauta para la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica en Morelos.
