OPINIÓN DE ESPECIALISTAS

¿Las opiniones de la ONU son obligatorias?

Por: Dr. Adrián Román Hernández
Fecha: 17 de Noviembre del 2026


¿Soberanía o sumisión cuando se violan los derechos humanos en México y una instancia internacional como la ONU opina de ello?, el amparo en revisión 42/2025 permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisar si las opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria son jurídicamente vinculantes en México, pues pese a no serlo propiamente, las autoridades no pueden “ignorarlas”, por ello deben estudiarlas y, si se apartan de ellas, explicar sus razones de manera expresa, fundada y motivada.

El 13 de noviembre de 2026, el Semanario publicó el criterio como la tesis P. VII/2026 (12a.), registro digital 2032896, con el rubro: “Opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria… constituyen criterios orientadores relevantes”. Es una tesis aislada, no jurisprudencia, por tanto, el criterio no tiene actualmente la fuerza obligatoria de una jurisprudencia; es orientadora por ser inclusive por el Pleno de la Corte.


El asunto se originó con la detención de Gerardo Pérez Camacho, indígena cora radicado en Oaxaca, el 12 de octubre de 2012 fue detenido violentamente por personas armadas que se identificaron como policías. Su familia no pudo conocer inicialmente su paradero; después, personal de un juzgado federal lo localizó en dependencias ministeriales con lesiones visibles.

Dicha persona sostuvo que había sido torturado para obligarlo a autoincriminarse en la tentativa de homicidio de un dirigente triqui. La imputación inmediata, sin embargo, fue por posesión y venta de marihuana. Aunque se ordenó su libertad respecto de esa primera acusación, fue reaprehendido posteriormente, ahora por tentativa de homicidio.

En 2014 se ejecutó una tercera orden de aprehensión, relacionada con el homicidio de otro dirigente político. En 2015, el Ministerio Público determinó no ejercer acción penal por el delito contra la salud, al no contar con elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

Los otros procedimientos lo mantuvieron sujeto a prisión preventiva. En abril de 2018, Pérez Camacho presentó una comunicación individual ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México recibió las alegaciones, respondió al mecanismo y participó en el procedimiento. El 21 de noviembre de 2018, el Grupo aprobó la Opinión 75/2018, distribuida oficialmente en febrero de 2019.


El Grupo concluyó como era de esperarse que la privación de libertad entre el 12 y el 14 de octubre de 2012 fue arbitraria bajo las categorías I y III —ausencia de fundamento jurídico y violaciones graves al debido proceso—, y que la privación posterior era arbitraria bajo las categorías III y V, vinculadas con la afectación al juicio justo y un trato discriminatorio derivado del régimen automático de prisión preventiva. Consideró especialmente grave el posible empleo de declaraciones obtenidas mediante tortura. Por ello dicho grupo recomendó la liberación inmediata, compensación y otras reparaciones, así como una investigación completa e independiente sobre la detención y las denuncias de tortura, así como medidas contra las personas responsables. También remitió el caso al Relator Especial sobre la tortura y abrió un procedimiento de seguimiento.


Al considerar que la “opinión” no había sido atendida ni cumplida, dicha persona promovió el amparo indirecto 374/2023 contra omisiones atribuidas a distintas autoridades federales y locales. El Juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca sobreseyó el 23 de noviembre de 2023 y razonó que la Opinión 75/2018 se dirigía genéricamente al “Gobierno de México” y no, de manera particular, a las autoridades señaladas como responsables. Esa determinación además de sumamente técnica generó la polémica, si dicha opinión generaba algún deber para autoridades concretas y exigía examinar precisamente su naturaleza jurídica, sus destinatarios y las competencias de cada autoridad. Por ello, el Pleno levantó el sobreseimiento y abordó el problema constitucional que analizó: ¿qué valor tienen en México las opiniones de un mecanismo de la ONU que no fue creado por un tratado ni ejerce jurisdicción?.


Al respecto, dicho Grupo de Trabajo pertenece a los “procedimientos especiales” del Consejo de Derechos Humanos, que son mecanismos integrados por expertos independientes con mandatos temáticos o de país para investigar, informar, asesorar y formular recomendaciones, esto es no son jueces ni emiten sentencias. En el caso del Grupo sobre Detención Arbitraria, su mandato incluye examinar comunicaciones individuales y emitir opiniones sobre el carácter arbitrario de una privación de libertad. Por lo tanto, como se dijo no es un tribunal, sus integrantes no ejercen potestad jurisdiccional y sus recomendaciones carecen de un mecanismo propio de ejecución forzosa, es decir, no emiten una sentencia propiamente. Tras determinar que una detención es arbitraria como es el caso, el Grupo recomienda medidas y solicita información de seguimiento al Estado y a la fuente de la comunicación.


La Corte sostuvo que las opiniones del Grupo no son decisiones internacionales vinculantes ni generan, por sí mismas, obligaciones jurídicas directamente exigibles en el orden interno. No proceden de un tratado que atribuya competencia jurisdiccional al mecanismo; tampoco contienen una orden ejecutable en los mismos términos que una sentencia de la Corte Interamericana dictada contra México.
Sin embargo, de esa falta de obligatoriedad no las hace per se “ignorables”, le explico, el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades, dentro de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Para la Corte, ese deber comprende atender criterios internacionales especializados como este que desarrollan el contenido de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados ratificados por México. Las opiniones del Grupo son, por ello, referentes interpretativos relevantes en materia de libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias. Entonces en este caso resolvió que la autoridad debe examinar la opinión a la luz de los hechos, de las normas constitucionales y convencionales aplicables y de sus atribuciones. Si decide no seguirla, debe pronunciarse expresamente y justificar los motivos, no basta afirmar que “no es vinculante”.


Conviene subrayar lo que la Corte no dijo, la opinión 75/2018 puede ayudar a interpretar esas normas, pero no ocupa su lugar, por eso, el artículo 133 constitucional no transforma un pronunciamiento del Grupo en “ley suprema”, la opinión internacional aporta una lectura especializada sobre su aplicación al caso solamente.
Pese a lo anterior, la Corte revocó el sobreseimiento y concedió el amparo, pero de forma contradictoria no convirtió la recomendación de liberación inmediata en una orden judicial automática, lamentablemente los efectos se encauzaron hacia las autoridades competentes para que analizaran la Opinión y se pronunciaran sobre sus consecuencias dentro de los procesos internos.


Este caso de por sí grave para dicha persona y su familia, pone en relevancia lo formalismos legales hacen que las personas no accedan a la justicia de forma pronta y expedita, pues entonces las opiniones del Grupo de Trabajo no son sentencias, no crean por sí solas normas internas y no desplazan los procedimientos nacionales en respeto a su soberanía. Pero documentan hechos, desarrollan estándares y formulan recomendaciones desde un mecanismo internacional especializado al que México decidió responder y con el que debe cooperar de buena fe. Frente a ellas, el silencio de las autoridades deja de ser una opción constitucionalmente aceptable CARPE DIEM.