El grupo parlamentario de Morena en el Congreso Local mantiene su postura a favor de la revocación de mandato, pero condiciona la emisión de la declaratoria constitucional hasta que se esclarezca la validez jurídica de una serie de documentos enviados por ayuntamientos de la entidad; así lo dio a conocer el coordinador de la bancada, Rafael Reyes Reyes.
En entrevista, el legislador enfatizó la necesidad de contar con certeza legal respecto al proceso legislativo.
Reyes Reyes recordó que la revocación de mandato es una figura promovida originalmente por Morena y el expresidente de la República, por lo que descartó que la desconfianza o falta de avance responda a un rechazo ideológico hacia el mecanismo.
Sin embargo, explicó que tras la llegada de nuevos pronunciamientos edilicios, el panorama técnico cambió de manera sustancial. «Nosotros ese día nos enteramos que habían llegado una serie de documentos de parte de algunos alcaldes que ya no generaba los 24 votos que se requerían para poder hacer la declaratoria constitucional», aseveró el legislador.
Cuestionado sobre los motivos que llevaron a diversos cabildos a modificar su postura inicial respecto al dictamen, el líder parlamentario admitió no contar con los detalles de la argumentación municipal, aunque remarcó la imposibilidad de omitirlos en el proceso del Congreso. «Desconozco el argumento, solamente sé de los documentos que llegaron. No puedo decirte qué fue lo que ellos argumentaron para tratar de modificar o para modificar. Lo que no puedes hacer es ignorar un documento que llegó de parte de ellos», sostuvo.
En cuanto al marco normativo que permitiría a un ayuntamiento modificar una decisión tomada en cabildo y remitida formalmente al poder legislativo, Reyes Reyes señaló que ha consultado con juristas que respaldan la viabilidad del ajuste mientras el dictamen no haya sido ratificado en el pleno estatal. «Yo he platicado con algunos abogados y ellos sostienen que los alcaldes en determinados temas con una argumentación clara podrían modificar el sentido, toda vez que no es un acto consumado como tal y hasta en cuanto no se haya consumado la declaratoria constitucional en el Congreso, pues evidentemente todavía puede haber cambios», indicó.
Asimismo, el diputado puntualizó que el entramado institucional actual proviene de un contexto político previo. «Esto se aprobó en una legislatura diferente y en un periodo gubernamental también distinto. Entonces creo que esa es la controversia que nos tiene absolutamente atorada. Tiene que ver con un proceso legislativo y no con una convicción de que esto tenga necesariamente que avanzar», aclaró.
Finalmente, el coordinador parlamentario advirtió que de no lograrse la claridad técnica requerida sobre la controversia, la bancada morenista y sus aliados evaluarían votar en contra del dictamen. Pese a ello, reiteró la disposición del grupo para avanzar una vez emitida una dictaminación legal definitiva. «Ya fui completamente claro que estamos de acuerdo en la revocación del mandato, que vamos a avanzar y que lo único que estamos ahora esperando es a que haya una lectura clara de esta controversia por parte de quien debe dar a conocer la respuesta sobre este tema», concluyó.