Con una mayoría abrumadora de ocho votos, el Máximo Tribunal de México reconoció el derecho a la libre determinación y autonomía de la comunidad tras siete años de lucha comunitaria e indolencia legislativa.
En una jornada calificada como histórica para los derechos de los pueblos originarios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo decisivo que ampara y protege el proceso de constitución del Municipio Indígena de Alpuyeca, ubicado en el estado de Morelos. La resolución se concretó mediante la aprobación del proyecto presentado por la Ministra Loretta Ortiz en el Amparo en Revisión, obteniendo un contundente respaldo de ocho votos a favor y únicamente uno en contra por parte del Alto Tribunal.
El dictamen constitucional representa la culminación de un complejo recorrido legal que dio un viraje significativo tras las decisiones del Poder Judicial Federal. El proceso judicial cobró impulso el 4 de julio cuando la Licenciada Martha Magaña, Jueza Quinto de Distrito, emitió la sentencia del Amparo Indirecto 519/2024 en favor del legítimo derecho de la comunidad para convertirse en un municipio indígena. Posterior a dicha resolución, el 8 de enero de 2026, el Ministro Presidente Hugo Aguilar y la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajeron el Amparo en Revisión que finalmente fue resuelto el 10 de noviembre de 2026.
Tras darse a conocer el sentido de la votación desde el Salón de Plenos de la SCJN, los integrantes del movimiento indígena expresaron el contraste entre la actuación del Poder Judicial y la falta de respuesta de las autoridades locales. «El Pleno de la SCJN resuelve con 8 votos a favor y solo uno en contra del proyecto de resolución de la Ministra Loretta sobre el Amparo en Revisión sobre el Municipio Indígena de Alpuyeca, un gran reconocimiento a la lucha por la autonomía y libre determinación de la comunidad indígena de Alpuyeca», manifestaron los representantes comunitarios en su pronunciamiento oficial. Asimismo, subrayaron que «cuando el Congreso de Morelos se hizo indolente a nuestras voces de justicia, a los cientos de años de discriminación y abandono, el Poder Judicial nos respondió».
La resolución judicial fue recibida por la población como el fruto de siete años ininterrumpidos de gestión y movilización social. Los voceros del movimiento destacaron la trascendencia del dictamen señalando que «cuando la Justicia y la Ley se Sintonizan y Trabajan en Armonía por el bien del pueblo, la Justicia debe de llegar, porque es el único camino hacia la Paz». En ese sentido, añadieron con emoción que «estamos haciendo Historia y empezando a Escribir nuestro Futuro, uno más humano y más justo», recordando las etapas iniciales de una causa nacida de la exigencia comunitaria «a lo largo de estos 7 años en los que iniciamos un sueño… Un sueño que nos decía que teníamos Derecho a Soñar en grande, a Soñar en ser Libres e Independientes, a Soñar en ser un Municipio Indígena».
El logro legal fue atribuido a una amplia articulación comunitaria e institucional que incluyó la participación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), la Defensoría Pública Federal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), PBI México, el Fondo de Defensores, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, y el Pacto Morelos. El pronunciamiento concluyó señalando el agradecimiento a los equipos jurídicos y magistrados que hicieron valer los derechos humanos de la comunidad, firmado formalmente por el Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para crear el Municipio Indígena de Alpuyeca.
