La detención de José Guadalupe “N”, identificado por la víctima como Reyes Valentino y exintegrante del extinto grupo antisecuestros de Morelos, representa para María Luisa Villanueva Márquez un eslabón fundamental en su lucha por demostrar una inocencia que le fue arrebatada hace 28 años mediante tortura y fabricación de delitos.
En entrevista, Villanueva Márquez, quien pasó más de 25 años en prisión tras ser obligada a confesar un secuestro en enero de 1998, rompió el silencio tras la cumplimentación de la orden de aprehensión, calificando el hecho como un avance tangible frente a lo que denomina la indiferencia sistemática del sistema judicial.
Durante sus declaraciones, María Luisa fue contundente al denunciar la corrupción imperante en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos,111 institución a la que acusó de haberla revictimizado durante décadas. «No tan solamente aquí los policías del grupo antisecuestro, sino también jueces y magistrados que están hoy ahí, que yo nunca me voy a cansar de decir que es el cártel de la toga, que es un nido de corrupción, que necesita ser limpiado», sentenció la sobreviviente, subrayando que la justicia en la entidad parece ignorar a quienes no poseen recursos económicos.
La captura del exoficial en la colonia Cuautlixco de Cuautla fue posible únicamente tras un largo proceso legal de dos años para obtener un amparo federal.
Según relató Villanueva, la justicia federal tuvo que «corregirle la plana» al tribunal estatal, que inicialmente se negaba a reconocer las pruebas de tortura a pesar de contar con todos los elementos necesarios, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul que confirmó las secuelas físicas y psicológicas de los abusos sufridos en 1998: «Tuvo que venir un amparo para que le corrigieran la plana al tribunal y le dijeran: ‘A ver, tribunal, estás haciendo mal las cosas'».
Villanueva Márquez recordó que los hechos ocurrieron bajo la administración de figuras como el exgobernador Jorge Carrillo Olea y los funcionarios Peredo Merlo y Miyazawa, época marcada por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Judicial. «Yo voy a seguir denunciando al Estado porque los servidores públicos pues eran de la fiscalía y por lo tanto a mí, el Estado es el que ha cometido una gran injusticia conmigo».
La detención actual, dijo, es solo un paso, ya que aún restan tres implicados más por ser capturados.
A pesar de haber recuperado su libertad en febrero de 2023, la exigencia de María Luisa sigue siendo la anulación de su sentencia y el reconocimiento pleno de su inocencia. Para ella, la detención de su torturador es una prueba irrefutable de que el delito por el que fue condenada a 30 años de prisión fue una fabricación cimentada en la violencia. «Esa detención ha sido un gran paso y es un eslabón para el reconocimiento de inocencia porque hubo tortura, hubo fabricación de delito», concluyó.