La reciente instalación del nuevo esquema de paraderos de transporte público en la capital morelense desató un enérgico rechazo social y político. Desde la avenida Morelos, a unos pasos del Teatro y Cine Morelos, el dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, Rafael Cepeda Aguilar, arremetió duramente en contra del alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, a quien calificó como una autoridad incompetente para el servicio público pero enfocada en negocios privados a costa del erario.
El líder partidista denunció una completa ausencia de planeación y utilidad en las obras colocadas por el ayuntamiento capitalino, subrayando que la infraestructura complica el tránsito y se encuentra totalmente alejada de los puntos reales donde los usuarios abordan sus rutas.
Además de alterar negativamente el entorno de la fachada histórica del emblemático recinto cultural y perjudicar a los locatarios de la zona, advirtió que las láminas instaladas generan puntos ciegos que fomentan la delincuencia al convertir el área durante las noches en «una boca de lobo».
En materia financiera, Cepeda Aguilar acusó un presunto sobreprecio exorbitante en el mobiliario urbano instalado por la administración municipal.
De acuerdo con su testimonio, cada estructura está siendo reportada con un importe de 110,000 pesos bajo promesas incumplidas de conectividad, cuando su valor comercial real apenas rondaría la mitad: «Es increíble que te digan que cuesta 110,000 y que le iban a poner wifi y no sé qué tantas cosas cuando son unos cuantos fierros ahí parados y una lámina atravesada, no sube de 50,000 pesos», sostuvo tajantemente al recalcar que la adquisición representa un lucro inhumano y abusivo.
La crítica más severa se concentró directamente en la figura del edil panista José Luis Urióstegui Salgado, a quien el líder social señaló de ignorar los reclamos urgentes de la ciudadanía para privilegiar intereses económicos particulares.
Ante la cerrazón por parte del edil José Luis Urióstegui para escuchar a los ciudadanos; Rafael Cepeda adelantó que acudirá ante el secretario de Obras Públicas para exigir una justificación técnica y financiera de las obras, advirtiendo que de confirmarse su inutilidad deberán ser retiradas para frenar los perjuicios a la población y evitar que las autoridades continúen haciendo negocios personales a expensas de los cuernavacenses.
