Esther Vidal Huerta y la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval presentaron formalmente una denuncia penal por el presunto delito de discriminación en contra del presidente municipal de Cuautla, Salvador Molina Martínez, derivado de los hechos relacionados con el despido de Esther Vidal de la administración municipal.
Esther Vidal Huerta es una reconocida luchadora social, fundadora de la instancia municipal para la atención de personas con discapacidad y defensora de los derechos de las y los trabajadores. Hasta el pasado 26 de octubre se desempeñaba como auxiliar administrativa en la propia instancia que contribuyó a crear para promover la atención, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Su separación del cargo, según lo expuesto por la denunciante, estuvo acompañada de una explicación particularmente preocupante: al ser cuestionado sobre su despido, el presidente municipal manifestó que se trataba de una medida por su propia seguridad.
Para Esther Vidal y quienes la acompañan, esta justificación constituye un señalamiento discriminatorio que debe investigarse, pues vincula su condición de persona con discapacidad con la supuesta necesidad de separarla de su empleo, una situación que podría configurar una vulneración al derecho a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo digno.
Ante estos hechos, Yndira Sandoval acudió a las instalaciones de la Fiscalía Regional Oriente para acompañar a Esther Vidal en la presentación de la denuncia penal, en un acto de solidaridad y defensa de los derechos humanos.
Sandoval señaló que la tipificación de la discriminación como delito es resultado de años de lucha de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, así como de víctimas y sobrevivientes que han exigido mecanismos legales para prevenir, sancionar y erradicar estas conductas.
La denuncia plantea posibles violaciones al artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir y sancionar la discriminación.
Asimismo, se argumenta que los hechos no deben entenderse únicamente como un conflicto laboral, sino que requieren analizarse desde una perspectiva de derechos humanos, particularmente por tratarse de una mujer adulta mayor, con discapacidad y defensora de una causa social.
“Cuando se atenta contra una persona por su condición de discapacidad y por la labor que realiza en defensa de los derechos de otras personas, no estamos hablando solamente de un asunto laboral. Estamos hablando de dignidad, igualdad y derechos humanos. Ninguna autoridad puede utilizar la condición de una persona como argumento para vulnerar sus derechos”, señaló Yndira Sandoval.
Por su parte, Esther Vidal Huerta expresó su indignación ante lo ocurrido y calificó como injusto e inhumano el trato recibido por parte de la autoridad municipal. Exigió justicia no solamente en su nombre, sino también en el de todas las personas con discapacidad, e hizo un llamado a quienes hayan sufrido vulneraciones a sus derechos humanos a levantar la voz, perder el miedo y defender su dignidad.
En su posicionamiento, Yndira Sandoval dirigió un mensaje al presidente municipal:
“Si tanto le preocupa la seguridad de las y los cuautlenses, haga su trabajo, pero no vulnere los derechos humanos, no viole la Constitución y no deje sin empleo a las personas que trabajan por causas justas”.
Finalmente, Esther Vidal e Yndira Sandoval informaron que darán seguimiento puntual a la carpeta de investigación y aportarán los elementos de prueba y peritajes que resulten necesarios.
Como parte de la denuncia, entregaron bajo cadena de custodia de prueba una memoria USB que contiene videos y testimonios relacionados con los hechos denunciados, con el propósito de que sean incorporados a la investigación y valorados por las autoridades ministeriales.
La defensa de los derechos humanos no puede convertirse en motivo de represalia. La discapacidad no puede ser una razón para excluir, despedir o discriminar. La dignidad y la igualdad no son concesiones de ningún gobierno: son derechos que todas las autoridades están obligadas a respetar y garantizar.