A una semana de la tragedia provocada por la explosión de una pipa de gas en la colonia «Las Granjas», en Cuernavaca, la defensa legal de los afectados ha escalado su reclamo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Eduardo Núñez Hernández, representante jurídico de las víctimas, entregó una petición formal por escrito dirigida al fiscal general, Fernando Blúmenkron, ante la falta de transparencia y la nula participación efectiva que han tenido en el proceso penal hasta el momento.
El litigante fue enfático al señalar que los afectados no buscan comunicados oficiales, sino el ejercicio pleno de sus derechos dentro del expediente: «Nosotros lo que le estamos pidiendo al fiscal general no es que nos dé un resumen, no es que nos dé una explicación o un comunicado. Lo que la víctimas hoy necesitan son respuestas y una participación activa en la carpeta de investigación, no una simulación con un comunicado», dijo.
A pesar de que la institución ha reportado el avance de 120 periciales, la defensa sostiene que existe una incertidumbre crítica sobre los resultados de dichas diligencias y sobre quién es la autoridad específica a cargo del caso. «Hoy no sabemos quién es el Ministerio Público que le integra, no sabemos a ciencia cierta las diligencias que se han practicado, los resultados de esas periciales y si hay alguna otra pendiente por realizar o por recibir esa información», denunció el abogado, quien busca esclarecer además la dinámica de los hechos ante las discrepancias sobre si el vehículo estab estacionado o en circulación al momento del siniestro.
La petición entregada se fundamenta en el artículo octavo constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas. En ella, se exige la entrega de una «copia íntegra y cotejada de todas las actuaciones que obran en esa carpeta de investigación». El representante legal cuestionó la opacidad actual, señalando que, aunque se habla de más de 50 denuncias acumuladas en una sola carpeta por economía procesal, esto debería agilizar, y no entorpecer, el acceso a la justicia.
La defensa ha fijado un plazo inmediato para recibir respuesta, advirtiendo que, de persistir la negativa o el retraso, acudirán a las instancias judiciales para obligar a la Fiscalía a cumplir con su deber. «Esperamos no llegar al día lunes y no tener copia de la carpeta, porque entonces nos veríamos forzados a, como otras veces, ir en contra de la fiscalía con fundamento en el 258 del Código Nacional y pedir un auxilio judicial ante el juez en Atlacholoaya», sentenció Núñez Hernández.