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Defiende diputada validez de consulta indígena ante reclamos de exclusión

La diputada Guillermina Maya Rendón, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Morelos, respondió a las recientes críticas de diversas comunidades que calificaron como una «simulación» el proceso de consulta sobre la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Durante una entrevista tras los eventos del 9 de agosto en Chalcatzingo, la legisladora reconoció que existen inconformidades, pero aseguró que las propuestas recolectadas serán analizadas por una comisión de expertos a nivel nacional para “solventar estas inquietudes”.

El contraste de posiciones es evidente en cuanto a la logística y el reconocimiento territorial. Mientras las organizaciones sociales y autoridades locales denuncian que el proceso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es «apresurado y superficial» al intentar consultar a miles de comunidades en solo tres meses, la diputada Maya sostiene que el ejercicio permitió aportaciones valiosas de cerca de 70 autoridades presentes en el foro estatal.

Las organizaciones, agrupadas en la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP), sostienen que “la consulta parece ser una campaña electoral o una simulación de consulta”, argumentando que se realizó en tiempos de alta carga agrícola, dificultando la participación real. Además, critican que el INPI nacional solo reconoce 92 comunidades en Morelos, mientras que el catálogo del Congreso Local registra 168, exigiendo por ello “la organización de una verdadera consulta a las 168 comunidades indígenas”.

Ante el señalamiento de la exclusión de más de 70 comunidades en las cifras oficiales, Guillermina Maya rechazó que se trate de una imposición institucional.

Según la legisladora, “no es de que alguien decidió, fueron las propias comunidades que por diversas razones no lograron registrarse” en las convocatorias previas.

No obstante, la diputada afirmó que el catálogo no está cerrado y que se mantiene la colaboración con el INPI nacional para integrar a aquellas poblaciones “muy arraigadas” que son originarias pero que aún no figuran en los registros oficiales.

Finalmente, la representante del Congreso Local insistió en que las sugerencias de los grupos disidentes “se van a tomar en cuenta” en las etapas subsecuentes del proceso legislativo.