A once años de que se emitiera el Decreto de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, el panorama para las mujeres en la entidad es alarmante: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) denuncio que este mecanismo, diseñado para ser una herramienta de emergencia contra la violencia machista, se enfrenta hoy a una preocupante falta de aplicación efectiva.
Según un reporte de la organización, «a 11 años del Decreto de la Alerta de Violencia de Género en Morelos emitido el 10 de agosto de 2015 vemos con preocupación que el feminicidio crece al amparo de la impunidad». Esta situación evidencia que no se están ejecutando las medidas de atención, prevención y sanción necesarias para garantizar el derecho fundamental a una vida libre de violencia.
La crisis se ve agravada por lo que la CIDHM califica como un retroceso institucional a nivel federal. La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la transición hacia una Secretaría de las Mujeres que aún carece de personalidad jurídica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, ha dejado un vacío de autoridad técnica. La organización advierte que «desde su extinción, el 1º de enero del 2025, no existe en el país una instancia especializada encargada de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres». Esta falta de claridad operativa y jurídica ha provocado que la nueva Secretaría sea percibida como un ente sin tareas específicas dentro de los grupos de seguimiento, lo que fragmenta la respuesta del Estado Mexicano.
En el contexto local de Morelos, la situación es igualmente crítica debido a la inacción del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), encargado de vigilar la implementación de la alerta. La Comisión señala que existe un abandono de los espacios de coordinación, ya que «el GIM no ha sesionado de manera presencial desde el año 2023, y de las cuatro personas académicas que lo deben integrar, sólo está en funciones una». A pesar de existir un acuerdo previo con la Gobernadora del Estado desde enero de 2026 para coordinar acciones, dicha reunión no se ha concretado hasta la fecha, lo que demuestra una falta de voluntad política para enfrentar la emergencia feminicida.
Finalmente, la CIDHM sostiene que mientras persista la simulación y la omisión institucional, el Estado estará incumpliendo un mandato legal que es vital para la dignidad humana. El reporte concluye con una exigencia clara hacia los tres órdenes de gobierno para que abandonen la «violencia institucional» que significa el vacío gubernamental actual. La demanda es contundente y busca justicia para cada víctima: «a 11 años de la AVG en Morelos exigimos ni un feminicidio impune más». La lucha por la vida y la libertad de las mujeres sigue siendo una tarea pendiente que requiere políticas públicas reales y no solo decretos en papel.
