El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Media Superior a Distancia (SITEMSAD) del Colegio de Bachilleres en el estado de Morelos, Jehu Joksan Tinoco Hernández, propuso la realización de una consulta pública a nivel estatal para definir el futuro del marco legal de pensiones y evaluar la viabilidad de un instituto de pensiones en la entidad. La postura del gremio surge luego de que el gobierno encabezado por Margarita González Saravia determinara no enviar la iniciativa de reforma a la actual legislatura local.
El dirigente sindical sostuvo que la posición de la representación laboral no se opone al cambio, sino a cualquier medida que afecte las garantías adquiridas por la base trabajadora. Al valorar la determinación del Ejecutivo estatal, Tinoco Hernández destacó la coincidencia en proteger el bienestar laboral al señalar que «la defensa de los derechos laborales es innegable» y que «no podemos condicionar unas reformas que consideren lesiones a los trabajadores». Asimismo, precisó que coinciden en la relevancia de restaurar el equilibrio presupuestal en la entidad, expresando que «no nos hemos negado a hacer una reforma que considere beneficios a los morelenses, pero sí nos negamos a que estas reformas puedan generar lesiones graves a los derechos de los trabajadores».
Ante la posibilidad de que el tema sea retomado en la subsiguiente legislatura, el titular del SITEMSAD enfatizó la importancia de democratizar el debate e incluir a la burocracia estatal en el proceso de toma de decisiones. Sobre la participación directa de los agremiados, manifestó que «hemos propuesto que en el escrutinio público esto también se baje a los trabajadores y que los trabajadores también participen en la decisión de esto, no solamente las dirigencias sindicales, porque el grueso también es de los trabajadores».
En el aspecto técnico y financiero, el líder sindical advirtió que cualquier modificación a la ley debe contar con sustento metodológico riguroso. En ese contexto, subrayó que «una reforma como tal, sin estudios actuariales, sin análisis y proyecciones financieras, sin las condiciones realmente necesarias, no hay forma o posibilidad de poder avanzar».
Para dar certeza jurídica e imparcialidad al proceso consultivo, Tinoco Hernández propuso un esquema de parlamento abierto supervisado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). Tomando como antecedente reformas estructurales como la del Poder Judicial, indicó que la ruta idónea es que el proceso se realice «a través de las instituciones, por supuesto, en este caso el IMPEPAC, que sea una consulta que plantee claridad a los trabajadores» para ponderar si aprueban «un cambio sustancial para Morelos sin perjudicar los derechos ya consagrados».
Por último, el representante del Colegio de Bachilleres alertó sobre el impacto que la falta de garantías en el sistema de retiro genera en la juventud que ingresa al mercado laboral. Frente a esta situación, llamó a debatir la certidumbre de los fondos a futuro para el beneficio de las nuevas generaciones, concluyendo que «la consulta, si lo vemos de fondo, podría traer contrastes importantes para los morelenses».