*Se solicitó al Senado aplazar implementación de nuevo código
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, Juan Emilio Elizalde Figueroa, reconoció que en la institución a su cargo hay complicaciones financieras derivadas de administraciones que calificó de “imprudentes”; sin embargo dijo que el estado no es el único en una situación así, pues otras 17 entidades en el país formalizaron ante el Senado una solicitud para aplazar la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En el acuerdo gestado en recientes encuentros de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB), representantes de 18 entidades federativas argumentan que carecen del presupuesto y la infraestructura técnica para cumplir con la fecha límite original, cuya entrada en vigor general está programada a más tardar para el 1 de abril de 2027.
Elizalde Figueroa mencionó que “se juntó el hambre con la necesidad (…)” pues no se hicieron las proyecciones adecuadas en torno a la administración, lo cual ha generado rezagos que costará superar y llegar al punto de equilibrio. Mencionó que además de la implementación de la oralidad, hay compromisos como prestaciones, laudos, así como aumentos previstos por ley con los que que está costando mucho trabajo cumplir.