Juristas de Morelos y el gremio de abogados litigantes denunció la detención ilegal y la presunta fabricación de pruebas en contra del abogado Froylán Salazar, en un acto que “representa una violación directa al Estado de Derecho y una práctica recurrente para simular resultados en materia de seguridad”.
El pasado 10 de abril, se registró el homicidio de un hombre apodado “El Negro” en un autolavado ubicado en la Calzada de los Reyes, en Cuernavaca y, a solicitud del propietario del establecimiento, el abogado Froylán Salazar fue llamado para ofrecer asesoría legal, dado que los elementos policiales pretendían asegurar el negocio y llevarse todos los vehículos del lugar.
Según la narrativa, el abogado llegó al establecimiento y espera ser atendido para entrevistarse con su cliente. Según los testimonios y videos difundidos, los uniformados se abalanzan sobre él sin mediar palabra, lo detienen y le quitan una bolsa personal. La policía reporta haber encontrado en su bolsa un arma calibre 9 milímetros, una pastilla de fentanilo y otras dosis de droga (cristal), elementos que, según se denunció, fueron “plantados” para justificar el arresto.
“Grave actuar policial”
Los abogados Javier Hernández, Cipriano Sotelo, Enrique Paredes y Cristian Fragoso denunciaron públicamente estos hechos ante la opinión pública, alertaron sobre la gravedad del actuar policial, e hicieron un llamado urgente a respetar las garantías constitucionales, señalando que actualmente cualquier ciudadano en Morelos corre el riesgo de ver vulnerados sus derechos bajo el pretexto de buscar la tranquilidad pública.
Ahí, Cipriano Sotelo, Abogado penalista advirtió que este incidente no es un caso aislado, sino una “práctica recurrente” de los elementos de seguridad para intentar dar una percepción de eficiencia ante el aumento de la violencia en la entidad. Subrayó que el silencio del gremio ante estos abusos sería equivalente a consentirlos.
“No estamos de acuerdo con que esto esté pasando; no se puede justificar que haya seguridad mediante detenciones arbitrarias de este tipo. Queremos que este caso se resuelva conforme a derecho”, lamentó el abogado Javier Hernández.
Los litigantes cuestionaron duramente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, señalando que su gestión genera “miedo” en lugar de certidumbre y que los elementos bajo su mando incurren incluso en la extorsión de ciudadanos para cumplir “cuotas”.
Este viernes, está programada la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá la situación jurídica del litigante.
