Margarita Cárdenas Nava, mujer indígena de Coatetelco, denunció que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y el Ayuntamiento de Coatetelco vulneraron los derechos político-electorales de las mujeres indígenas de su municipio.
La acusación señala que las autoridades permitieron que las medidas obligatorias de paridad de género quedaran sin cumplimiento efectivo durante la reciente elección de las ayudantías municipales.
El origen de la controversia radica en que el IMPEPAC había ordenado reservar al menos el 50% de las posiciones de autoridades auxiliares municipales exclusivamente para mujeres.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Coatetelco modificó dicho criterio para incorporar únicamente una sugerencia de alternar el género de quienes ocuparan los cargos. Dicha alteración derivó en un resultado donde se eligieron cuatro hombres y una sola mujer para encabezar las cinco ayudantías del municipio.
A pesar de que el propio órgano electoral identificó medidas incumplidas y parcialmente cumplidas, omitió ordenar el inicio del procedimiento sancionador previsto en su propio acuerdo.
Al respecto, Cárdenas Nava sostuvo que una obligación pierde toda eficacia cuando su incumplimiento es admitido por la autoridad sin activar las consecuencias establecidas para hacerlo respetar.
Ante este escenario, la activista demandó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) atender la sentencia SCM-JDC-297/2026, emitida el pasado 30 de septiembre por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dicha resolución revocó el sobreseimiento previo de su demanda y le reconoció el interés legítimo para defender la paridad de género, aun sin haber participado directamente como candidata.
La instrucción del órgano jurisdiccional federal mandata que, de no existir otra causal de improcedencia, el Tribunal local analice el fondo de la controversia sin volver a cerrar el juicio bajo el argumento de falta de interés. Cabe precisar que la determinación de la Sala Regional aún no resuelve la legalidad definitiva del acuerdo del IMPEPAC ni ordena sanciones inmediatas.
Finalmente, Cárdenas Nava señaló que este caso evidencia una resistencia institucional persistente que obliga a las mujeres indígenas a litigar por el respeto a la igualdad y el acceso a la justicia. Tras solicitar que el juzgamiento local se efectúe con perspectiva de género e interculturalidad, garantizó que continuará exigiendo el acceso efectivo a los cargos comunitarios, reafirmando que las mujeres indígenas cuentan con voz, derechos y plena capacidad para ejercer el poder.
