Rafael Reyes, diputado por el sexto distrito local con cabecera en el municipio de Jiutepec, presentó ante el pleno del Congreso de Morelos una iniciativa destinada a fortalecer, en la legislación local, los protocolos que rigen la captura, resguardo y sacrificio de la fauna doméstica por parte de las autoridades municipales, así como extender a los centros de control animal el régimen de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Estatal de Fauna.
En sesión ordinaria, efectuada este lunes 28 de septiembre, el coordinador del grupo parlamentario de Morena expuso la necesidad de establecer reglas claras que impidan la discrecionalidad en el sacrificio de los seres sintientes, proponiendo que previo a la realización de un procedimiento conste una certificación de un profesionista veterinario zootecnista con cédula vigente, documento que tendrá que gestionar el gobierno municipal.
La proposición del legislador morenista por Jiutepec faculta a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), adscrita a la secretaría de Desarrollo Sustentable, para ingresar a inspeccionar no solo criaderos y albergues registrados, sino también los centros de control animal administrados por la autoridad municipal, así como cualquier otro predio en donde dicho ámbito de gobierno tenga animales resguardados, esté o no registrado.
Desde la tribuna del recinto legislativo, el representante popular por Jiutepec refirió que además se busca adicionar una fracción al artículo 164 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos a fin de que los residuos biológicos derivados de la captura, resguardo, esterilización o sacrificio de la fauna doméstica realizados por la autoridad estatal o municipal deban sujetarse a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana (NOM).
La iniciativa presentada por el diputado Rafael Reyes tiene como propósito prevenir situaciones como la ocurrida en días pasados en la colonia Civac del municipio de Jiutepec, además contribuir al cumplimiento a la obligación del Estado Mexicano de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.