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“No protegeremos a nadie”: Margarita González Saravia

Tras la captura de alcaldes, exediles y funcionarios vinculados a procesos judiciales, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, fijó una postura contundente de respaldo total a las acciones de la Mesa de Seguridad y el Gobierno Federal para restaurar el orden en la entidad.
La mandataria informó que la prioridad actual es asegurar la operatividad en los municipios afectados, específicamente en Atlatlahucany Cuautla.

A través de la Secretaría de Gobierno, se mantiene una comunicación constante con los cabildos y los síndicos, quienes han asumido las funciones de manera provisional mientras se agotan los procesos legales para la sustitución definitiva de los alcaldes, proceso que requerirá la intervención del Congreso del Estado para la evaluación de ternas.

Como parte de un plan de choque para devolver la tranquilidad a la ciudadanía, González Saravia anunció medidas específicas para la región: La gobernadora incrementará su actividad en la Zona Oriente y se reunirá el próximo martes en Cuautla con el sector empresarial y la Mesa de Seguridad.

Se ratificó la continuación del proyecto del C2 en Cuautla y se evalúan cambios en la Secretaría de Seguridad municipal, bajo la supervisión del titular de Seguridad Pública estatal.

El gobierno estatal se declaró abierto a recibir denuncias e inconformidades de la población para acompañar la resolución de problemáticas locales.

Ante los señalamientos por la detención de figuras de diversos institutos políticos —incluyendo Morena, PAN y Movimiento Ciudadano—, la gobernadora enfatizó que estas acciones no tienen un tinte partidista.

“Nosotros no vamos, por supuesto, a proteger a nadie”**, sentenció la mandataria, subrayando que los municipios son autónomos y cada actor debe responder por sus actos.

Finalmente, González Saravia manifestó su respaldo absoluto a la propuesta de la Presidenta de la República para que todos los políticos se sometan a exámenes de control y confianza. Esta medida busca garantizar que ningún servidor público mantenga vínculos que perjudiquen a los ciudadanos, asegurando una coordinación efectiva en materia de seguridad.