El presidente de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso Local, Daniel Martínez Terrazas, dio a conocer que el recinto legislativo recibió una requisición de información por parte del Tribunal Estatal Electoral sobre la Revocación de Mandato.
Ante dicha solicitud, detalló, la Mesa Directiva notificó formalmente el expediente completo que integra las actas con los votos a favor emitidos por 24 municipios.
Dentro de la documentación remitida al órgano jurisdiccional se incluyeron también las actas de aquellos ayuntamientos que posteriormente pretendieron modificar o sustituir el sentido de su votación original.
Respecto a la intervención de la autoridad electoral, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que «si no existe disposición para desahogar el trámite pendiente», el principio democrático debe prevalecer, tomando como marco de referencia la reforma federal que contempla el ejercicio en el cuarto año de gestión, correspondiente a 2028.
Ante el escenario de un posible bloqueo o parálisis institucional en la Cámara local, el coordinador del PAN dejó entrever la vía de reiniciar el proceso mediante una nueva propuesta adaptada al calendario constitucional.
El diputado enfatizó que «en caso de que el procedimiento actual sufra un frena institucional en la Cámara, desde la bancada de Acción Nacional se propone impulsar una nueva iniciativa que incorpore el parámetro federal para realizar la consulta en 2027 o 2028 de forma jurídicamente correcta».
Explicó además que, de no alcanzarse los votos necesarios en el pleno para la declaratoria actual, «se reiniciará el proceso legislativo, garantizando que el Gobierno del Estado rinda cuentas y sea la ciudadanía la que determine su continuidad» en el poder.
En la vertiente jurídica, la representación parlamentaria del PAN alista una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Martínez Terrazas calificó la postura de los municipios que modificaron su decisión como «jurídicamente endeble», recordando que el artículo 147 de la Constitución del Estado prohíbe de forma explícita a los ayuntamientos alterar sus votaciones constitutivas una vez notificadas. Al respecto, aseveró que «una vez que el cabildo de un municipio dictamina y notifica oficialmente su decisión al Congreso del Estado, agota su facultad en el procedimiento constitucional y la norma establece expresamente la inmutabilidad del voto municipal».