El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el Amparo en Revisión 7/2026, mediante el cual se concedió la protección de la justicia federal a la comunidad indígena nahua de Alpuyeca, en el estado de Morelos.
Con esta resolución, el alto tribunal modificó la sentencia recurrida y ordenó formalmente al Congreso del Estado de Morelos que, durante su próximo periodo ordinario de sesiones, concluya el procedimiento iniciado en diciembre de 2019 y emita una decisión definitiva, debidamente fundada y motivada, sobre la creación del municipio indígena de Alpuyeca.
El origen del conflicto legal se remonta a 2012, año en que Alpuyeca fue integrada al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Morelos. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2019, su Asamblea General aprobó de manera autónoma la iniciativa para constituirse como municipio indígena y nombró un Consejo Promotor para encauzar la solicitud ante el Congreso local.
A pesar del inicio de los trabajos, fue hasta noviembre de 2023 cuando el Congreso estatal requirió una consulta previa y, en febrero de 2024, aprobó un acuerdo que modificó la ruta institucional del trámite, provocando que integrantes de la comunidad promovieran un amparo por considerar que se retrasaba injustificadamente el proceso y se vulneraban sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno.
Al analizar el caso, la Suprema Corte determinó que el Congreso de Morelos excedió un plazo constitucionalmente razonable para resolver la petición de la comunidad, por lo que estableció que las autoridades legislativas no podrán prolongar el procedimiento mediante trámites o etapas adicionales carentes de sustento en el marco legal aplicable. Asimismo, el fallo desestimó la necesidad de realizar una nueva consulta a los habitantes de Alpuyeca, argumentando que la iniciativa surgió de su propia Asamblea General. Sobre este punto, la resolución enfatizó que «exigirle otra consulta sobre una decisión que ella misma tomó habría convertido ese mecanismo en un obstáculo y una nueva forma de retrasar el ejercicio de su derecho a la libre determinación».
La ministra Loretta Ortiz Ahlf hizo hincapié en que la protección de las garantías constitucionales de las comunidades originarias debe traducirse en acciones concretas por parte de las instituciones estatales, señalando que «la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden quedarse en papel». De igual forma, el criterio avalado por el Pleno sostuvo que «las autoridades tienen la obligación de dar respuestas claras y oportunas, sin retrasos injustificados y dentro del marco constitucional». La resolución aclaró además que el fallo no implica una orden directa para crear el municipio de forma automática, precisando que «la decisión final sobre la creación del municipio corresponde al Congreso, que deberá verificar si se cumplen los requisitos constitucionales y legales, pero hacerlo desde una perspectiva intercultural».
Finalmente, el alto tribunal consideró innecesario consultar a los poblados aledaños debido a que no se acreditó un impacto diferenciado en ellos y constaba en el expediente el apoyo regional a la propuesta. Con este pronunciamiento impulsado por la ministra Ortiz Ahlf, la SCJN sienta un precedente relevante en la delimitación de obligaciones legislativas para garantizar que los procesos de municipalización e integración de autogiernos indígenas se resuelvan con perspectiva intercultural y estricto apego al orden constitucional.
